Chile 1984/1994. David Aceituno
el intento de golpe. Es más, Pinochet buscó todas las formas de provocación durante esos años para demostrar públicamente que el presidente no estaba por sobre su autoridad67. Por lo mismo, se insistió desde España en la necesidad de fortalecer la figura presidencial, la pericia del gobierno y la paciencia de los grupos y partidos que lo apoyaban, como estrategia para impedir un retorno autoritario68. El temor a Pinochet se mantuvo latente en los medios españoles, tanto por la arrogancia del dictador, como por la fuerte alianza en la que se sostenía: las Fuerzas Armadas y principalmente el Ejército, y los partidos de extrema derecha empeñados en defender el legado autoritario, esto es, mantener activo en la vida política al dictador.
Esta situación que marcó la preocupación española respecto al gobierno de transición comandado por Aylwin, presentó dos hechos que resultaron emblemáticos. Por una parte, la publicación del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), en febrero de 1991, y la salida de los militares a las calles, en 1993, como evidente amenaza al orden democrático.
El Informe Rettig representó un esfuerzo valioso en el reconocimiento oficial del Estado, de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile durante la dictadura militar. Su publicación a comienzos de 1991, reconocía a más de dos mil víctimas del terrorismo de Estado, aunque dejaba en un segundo plano a los autores del horror. El compromiso había sido verdad, pero se sabía que la justicia, en esos momentos era imposible. En el país se manifestaba, en realidad, una suerte de “cambio en la continuidad“, donde si bien las libertades públicas y la institucionalidad se recuperaban, en el ámbito de la justicia la situación era más compleja. La conocida visión del presidente Aylwin, justicia en la medida de lo posible, resumía el carácter conservador de este proceso político69. Cabe consignar, además, que solo unos meses antes, Pinochet había acuartelado al ejército luego de la filtración de los “pinocheques“ que establecían la responsabilidad del hijo del general en una estafa de proporciones. La fragilidad de la democracia chilena era evidente.
En España, sin embargo, el silenciamiento de la identidad de los responsables impactó notablemente: el Estado de Chile reconocía abiertamente más de dos mil asesinatos, torturas y desaparición de personas, con manifiesta responsabilidad de agentes del Estado, pero nada se señalaba sobre los verdugos. Menos de posibles sanciones. Se establecía una pormenorizada información de cada caso, pero no se indicaba un solo responsable70. Esta cuestión abrió un intenso debate en la opinión pública española ante el horror de reconocer el terrorismo de Estado materializado en cuerpos, familias e historias y el silencio que acompañaba a este reconocimiento de Estado. Fue este tema, con seguridad el que comenzó a abrir las grietas de la transición, estableciendo la disyuntiva que representaba el dilema ético del silencio en aras de la estabilidad y gobernabilidad.
El informe (…) suscita varias preguntas morales y de orden político. Todas tienen que ver con la conveniencia de nombrar, o no, a los responsables de la represión y la consiguiente necesidad de perseguirlos, o no, judicialmente para que paguen sus crímenes ¿es justo que no se les castigue? ¿Conviene pasar la página y apaciguar así las tentaciones golpistas de los militares chilenos?71
La respuesta del propio periódico ponía de manifiesto la vigencia del proceso español como modelo de consolidación democrática, pese a lo doloroso que podía parecer este silencio que libraba de responsabilidades a sus responsables: “Puede que la idea de olvido para hacer posible el porvenir repugne a la gente de bien, y, sin embargo, ¿cómo no pensar que el pragmatismo de los chilenos en esta ocasión es prudente? Salvadas las distancias, copia otro modelo bien sensato. El de España en la transición“, finalizaba72. Efectivamente, El País, se hacía eco de las voces más próximas al gobierno socialista e incluso del Rey, que habían entendido que Aylwin y la coalición en que se sostenía la transición, aún navegaba por turbulentas aguas para construir delicados y frágiles consensos73. Nadie debía olvidar que Pinochet seguía presente en la vida política tal como lo demostró un año más tarde, cuando la judicialización de varios casos en contra de sus hombres, tomaban caminos inaceptables para el dictador. Pinochet no dudó en sacar a sus hombres a las calles, mientras el presidente Aylwin se encontraba de visita en Europa, haciendo presente su vigencia como garante de su institucionalidad. Pinochet ya lo había aclarado años antes cuando explicó a la prensa por qué había decidido quedarse como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas: “Mi gente no va a ser tocada. (…) voy a seguir siendo comandante en jefe para tener a mi gente protegida“, señalaba74. De esta forma, Pinochet siguió siendo la gran piedra de tope para la consolidación de la democracia. Tras su retiro, se estableció como senador designado, hasta que un juez español logró detenerlo en Londres, en 1998, acabando con su injerencia directa en la vida política chilena. Pero su marca —y la de todo su régimen— quedaron grabados en la Constitución que hasta hoy define buena parte de los destinos del país.
5. Consideraciones finales
El papel de Europa y más concretamente de España en la transición chilena desempeñó distintas tareas a lo largo de los años analizados, aunque siempre concentró en la democracia y el respeto a los derechos humanos su norte de acción. En un primer momento, las redes europeas de solidaridad sirvieron para fortalecer la repolitización de la ciudadanía chilena patrocinando instancias y espacios que impulsaban la lucha por la recuperación de la democracia. Tanto en el exilio como al interior del país. En paralelo, se consolidó el aislamiento a la dictadura mientras se presionaba para garantizar elecciones libres y democráticas. En ese sentido la participación de veedores internacionales de todas partes del mundo y de diversos sectores políticos fueron muy relevantes para garantizar la transparencia del plebiscito de 1988, que terminó con diecisiete años de dictadura. Luego, tras la salida de Pinochet, la UE se preocupó de reactivar las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales de manera de colaborar en el proceso de consolidación democrática a través de la internacionalización de Chile. Esta estrategia fue de la mano con el posicionamiento moderado y consensual del gobierno de la Concertación, que, a través de una política comercial abierta y multilateral, se insertó con éxito en el sistema internacional, alcanzado altos índices de crecimiento que garantizaron estabilidad y legitimidad alejando así el peligro de un retroceso autoritario.
Por su parte, la transición española también jugó un papel relevante en el proceso chileno. España fue fuente de inspiración tanto para la izquierda como para la derecha; la influencia del desplome franquista sirvió de lección para todo el edificio normativo que representó la constitución política de 1980 como salvaguarda de la obra del régimen. La renovación socialista —asimismo— y todo el discurso moderado de diálogo y consenso con el oficialismo autoritario, fue parte de la presencia española respecto a los caminos que debía trazar la izquierda para alcanzar la democracia y el poder75. En ese sentido, la ascensión de los socialistas al poder en 1982, permitió estrechar lazos entre el gobierno y los dirigentes de la oposición definiendo igualmente el paulatino giro de parte del socialismo chileno hacia posturas socialdemócratas. Estas experiencias repercutieron en una progresiva moderación de los discursos de la oposición, centrando en el consenso, el diálogo interclasial y el respeto a la economía de mercado, las bases en las que se construyó una oposición capaz de llevar adelante el tránsito entre dictadura y democracia, pese a contar —hasta 1998— con el dictador como un actor protagónico de la vida política chilena. Es cierto que, a diferencia de España, los acuerdos y pactos no lograron aglutinar al conjunto de la oposición, cuestión que repercutió en la debilidad de la oposición y la movilización social. Luego del atentado a Pinochet, el fraccionamiento opositor fue definitivo llevando al sector moderado a negociar y aceptar la normativa de la dictadura, la Constitución de 1980. Este giro hacia la subordinación en la normativa autoritaria en aras de un consenso amplio, así como los objetivos que la política exterior del PSOE formuló y ejecutó hacia América Latina, permitieron una convergencia entre ambos gobiernos democráticos, convirtiendo a la experiencia española no solo en una referencia obligada para el caso chileno sino también al gobierno de Felipe González en un cercano asesor del gobierno chileno en este complejo tránsito político.
REFERENCIAS
Arrate, Jorge; Rojas, Eduardo. Memorias de la izquierda chilena. Tomo II. Ediciones