Entre el derecho y la moral. Paula Mussetta
gran pregunta que estructura el presente estudio.
Frente a estas miradas que ven en la mediación algo tan prometedor, existe una manera diferente —más bien crítica— de interpretar el tema y desde la cual no existe pleno convencimiento acerca de las posibilidades de estos proyectos. Esta otra mirada se aleja de la mediación como la consagración de la utopía social y en cambio pone énfasis en su carácter político, se pregunta por sus contradicciones, su relación con el Estado, su sentido más amplio en la sociedad. Es esta otra mirada la que adoptamos en nuestro estudio.
¿Una modalidad del Estado más allá de la coyuntura política?
Si bien partimos de la idea de que la mediación se propone conseguir cierto cambio en la sociedad, es pertinente preguntarnos por qué sucede esto. ¿Por qué la mediación surge con este espíritu de cambio social y no se limita a resolver los conflictos desde una perspectiva práctica y concreta?; ¿por qué el cambio social que propone se llena de un contenido moral?; ¿cómo y por qué a alguien podría ocurrírsele la idea de generar un cambio moral a través de la mediación? Y, finalmente, ¿por qué ese alguien es el Estado?, y ¿por qué en ese momento particular?
Por un lado, encontramos algunas respuestas en la mediación en tanto institución, en tanto propuesta de resolución de conflictos en sí, más allá de que sea un programa estatal. Así, es posible que la mediación sea presentada como una herramienta para el cambio social y que ese cambio sea moral, porque propone una manera de manejar el conflicto. El conflicto es parte constitutiva de las relaciones sociales, pertenece al ámbito inmediato y cotidiano de la vida de las personas y por eso es un espacio sensible a los valores, las normas, las formas de relaciones intersubjetivas. Al menos desde un plano conceptual acerca de lo que la mediación es como institución. Al mismo tiempo, la variedad de los modos en los que una sociedad administra sus disputas, comunica los ideales de esa sociedad, sus percepciones acerca de ella misma, la calidad de sus relaciones con otros; nos indica si esa sociedad quiere evitar o reforzar el conflicto, suprimirlo o resolverlo de una manera amigable. Cómo se resuelve el conflicto es en definitiva cómo se preserva la comunidad (Auerbach, 1983). Esta vinculación posibilita que la mediación sea pensada como una maquinaria para el logro de efectos deseados de sociedad.
Por otro lado, su supuesto impacto en las relaciones sociales se asocia a que podría reducir el conflicto y la tensión en la comunidad. La mediación ofrecería esto porque —aseguran sus defensores— provee mecanismos para que las personas se comuniquen eliminando hostilidades fundadas en malos entendidos. Aunque el número de disputas resueltas sea pequeño, el mejoramiento de la calidad de vida vecinal puede ser muy grande (Lowry, 1993). Por eso para muchos es una inversión social a largo plazo en la salud y la estabilidad de los individuos y las comunidades. La nueva cultura de la convivencia se generaría porque ofrece unas herramientas de comunicación y acercamiento social, ayudando a lidiar con las circunstancias difíciles de la vida y salvando las diferencias humanas en medio del conflicto (Boqué Torremorel, 2003). Con la descripción de estas características de la mediación, como herramienta para tratar con los conflictos, es posible comenzar a entender por qué se carga con este tono moralista y es pensada como herramienta de cambio social: en definitiva, porque le compete un área sensible a los valores. Pero estas respuestas aún no responden por qué el Estado toma esta iniciativa, de dónde surge el interés del Estado por plantear la mediación con ese tono. Pensando el problema desde el caso que nos ocupa, la pregunta es por qué el Estado cordobés toma esta iniciativa.
Podría ser útil repasar rápidamente el contexto político-social en el cual la mediación surgió en Córdoba y desarrolló sus primeros años. Cuando surge la mediación en Argentina, a principios de la década del 2000, el país estaba atravesando una situación crítica marcada por un contexto de empobrecimiento, vulnerabilidad social, tensión y crisis de representación política. Hacia finales del año 2001, la renuncia del presidente de la nación fue el punto culminante de un proceso de denuncias hacia las instituciones políticas. Al mismo tiempo, la situación fiscal y económica demostraban las limitaciones de la política institucional para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Este contexto de tensión, incertidumbre e inestabilidad social creciente aumentaba las posibilidades de surgimiento de conflictos cotidianos, provocados por una suerte de “estrés colectivo”; luego, no sería del todo irrazonable pensar que la mediación fue parte de un ensayo estatal para paliar y apaciguar el contexto crítico de ese momento.[3] Sin embargo, descartamos este elemento para explicar el surgimiento de la mediación. No creemos que la crisis (severa y) general que definió el contexto sociopolítico en el que surge la mediación explique en profundidad el interés del Estado en promover esta práctica como una vía de cambio social.[4] La crisis sólo funcionó como un argumento explicativo para justificar el programa, no sólo en su momento de surgimiento sino también en los años posteriores. Además, si bien el contexto coyuntural podría explicar por qué el Estado decide poner en marcha una política de mediación, no explica por qué la mediación surge con un contenido moralizante. La crisis sólo es, repetimos, un elemento de justificación posterior. Nuestro argumento remarca otros aspectos del problema y apunta a una modalidad del Estado. Por eso trasciende no sólo la coyuntura política particular, sino también trasciende a un gobierno particular: no depende de si se trata de un gobierno de tal o cual orientación política, sino que creemos que se trata de una modalidad que adquiere el Estado. Esta modalidad tiene un doble rasgo: uno típico y habitual del proceder del Estado ante la sociedad, esto es, el empeño por crear sociedades ideales, y otro que define una modalidad actual del Estado neoliberal. Este segundo rasgo explica —más allá de que el Estado siempre haya buscado crear sociedades ideales— por qué el ideal de sociedad se define en estos términos —moralización social— y en este ámbito —resolución de conflictos—. A continuación describimos cómo funciona el primero de estos rasgos. El segundo es una hipótesis que necesitamos probar y uno de los resultados al que llegaremos hacia el final del libro, luego del análisis del caso que nos ocupa.
Los intentos estatales por crear sociedades ideales
El hecho de que la mediación en Córdoba pueda ser definida a partir de las metas que se propone, sumado además que ésta es encarada desde el Estado, nos invita a plantearnos interesantes reflexiones que trasciendan el dominio exclusivo de los programas de mediación y conciernan de una manera más amplia a modalidades de intervención por parte del Estado en las sociedades: nos hace pensar en qué modelos de organización social proponen y cómo operan para lograrlo. Destacamos entonces la actitud estatal de la deseabilidad del cambio social. De hecho, antes de evaluar el potencial de una u otra reforma social para alcanzar una transformación, es importante remarcar la deseabilidad del cambio social mismo (Merry y Milner, 1993). Es decir, no se trata de algo totalmente inédito y propio de un contexto político y social particular, sino de una lógica de intervención estatal.
Cuando el Estado —cualquier Estado en general— programa algún tipo de cambio social, simultáneamente está realizando otras tareas. Una de ellas es la definición de un problema. Ciertos estados de la sociedad o nuevos temas son seleccionados de un conjunto de asuntos y etiquetados como problemas o como situaciones problemáticas. Posteriormente, se diseña un modo de arreglar o mejorar esa situación. Para eso se desarrollan estrategias y programas de intervención. Éste es un tema recurrente en las formas que ha tomado la relación Estado-sociedad y se inscribe en los deseos de construir sociedades que tengan como guía ciertas prácticas y rituales de una vida pública (de manera homogénea en la mayoría de los casos) que lleva no sólo a la construcción de la buena sociedad sino que, al mismo tiempo, a una noción de buen gobierno. En estos proyectos los Estados piensan a la sociedad como una arena regulada con ciertos principios; dichos principios presentan definiciones acerca de lo público, las relaciones, la comunidad, los individuos, el conflicto social, que por lo general conviven (y compiten) con otras formas desarrolladas y consolidadas en esos espacios sociales. Como sostiene Chakrabarty:
[…] el mundo de los Estados modernos funciona como una estructura de relaciones que se caracteriza por ser un modelo capaz de reproducirse en diferentes niveles, entre naciones, entre grupos