Entre el derecho y la moral. Paula Mussetta
es materia de acción política el diseño de dispositivos institucionales destinados a generar este contexto social. Se trata de políticas altamente cargadas con componentes normativos en los que se resaltan valores y orientadas a incidir en los modos de vida de las personas, en sus hábitos y relaciones cotidianas.
Pero aunque el Estado se ubica en el centro del modelo de mediación con el que estamos tratando, pretendemos considerarlo no en un sentido clásico institucional, como ente dado, jerárquico y separado de la sociedad. Consideramos que es necesario un concepto de Estado que permita ver las lógicas con la que piensa, diseña e implementa el gobierno de lo social. Por eso, la perspectiva que interesa es una que mire al Estado no exclusivamente desde sus instituciones —aspectos burocráticos-organizacionales—, sino una que resalte las negociaciones y contradicciones entre una dimensión de las significaciones —imágenes y representaciones— y una relativa a las prácticas de los actores. La articulación entre estas dos dimensiones atraviesa todo el texto.
Especialmente nos interesa un enfoque como éste porque evidencia una dificultad general pero elemental para nuestro caso: lo compleja e intricada que puede resultar la intervención política orientada a desarrollar en los sujetos determinados valores y modos de vida para generar modelos específicos de sociedades, tal como lo propone la mediación. Este tipo de dificultades serán desarrolladas en extenso en el primer capítulo, pero son la base sobre la que se asienta el análisis completo, por eso es importante aclararlo desde el inicio. Es más, la inquietud original que motiva esta investigación es la duda sobre el postulado acerca de la efectividad —esto es, de la consecución de los objetivos— de una intervención gubernamental como la de la mediación para generar reglas morales. La suspicacia es parte fundamental de la trama de todo este estudio y debe ser considerada como clave de lectura del mismo.
Organización del libro
El primer capítulo aborda en detalle el problema de esta investigación ya adelantado en la presente introducción. En el mismo, se comienza explicando en qué aspectos específicos se sostiene la idea que junto con la mediación en Córdoba, se desarrolla un propósito de moralización social. Seguidamente se despliega la justificación y el encuadre teórico, esto es, por qué resulta problemático que el Estado, tal como lo hace en el caso de la mediación, se proponga este tipo de objetivos. Por último, se construye una definición de Estado que resulte apropiada para estudiar este problema.
El segundo capítulo desarrolla lo que llamamos estructura del código moral de la mediación. La pregunta que lo organiza es: en qué consiste concretamente esa moral que desde el Estado se propone generar con la mediación. La estructura de esa moral está constituida a partir de varias dimensiones que, organizadas e interrelacionadas, dan forma no sólo a la moral en sí, sino a la necesidad de generarla, los medios para lograrla y las consecuencias de no realizarla.
El tercer capítulo rastrea la idea de Estado presente en todo el proceso. El concepto de Estado que pretende ser defendido es reconocible a partir de las prácticas estatales —especialmente en la distribución de tareas entre actores públicos y privados—; pero además, y especialmente, en un plano discursivo a partir de cómo los actores definen al Estado mismo, como institución que funciona en una sociedad; en segundo lugar, cómo construye desde ese lugar un deber ser social y cómo se constituye él mismo como el actor indiscutible para desarrollar esta actividad. En este capítulo el Estado está representado en las voces de sus actores: legisladores, funcionarios y mediadores.
El cuarto capítulo intenta mostrar cómo algunos aspectos institucionales y organizacionales, al tiempo que delimitan y terminan de dar forma al código moral de la mediación, generan serias inconsistencias que terminan contradiciendo el proyecto de moralización mismo.
El análisis pormenorizado del proyecto moral contenido en un programa para la resolución de conflictos nos llevará a concluir que el mayor problema de la mediación reside justamente en su identidad, en sus fundamentos y objetivos, esto es, en la moralización. La pretensión de desplegar junto con este programa de resolución de conflictos un proyecto de moralización social, es lo que llena de paradojas, inconsistencias y ambigüedades a la mediación. No obstante, y más allá de que sus equivocidades son una evidencia constante de lo inasequible que resulta la implementación de un proyecto de moralización, encontramos algunas posibles vías para entender la persistencia e insistencia sobre el mismo. Estas posibles interpretaciones de los motivos residen en la definición de una idea o modelo de Estado que trata de imponerse.
Nota metodológica
Este trabajo es un estudio de caso; por lo tanto, la selección de la información estuvo determinada principalmente por el criterio temporal marcado por el inicio de la mediación en la provincia de Córdoba, Argentina (año 1995 como punto de origen del debate parlamentario). El material empírico fue recogido durante el año 2006, por consiguiente todo lo que aquí se expresa, desde el planteamiento del problema de investigación, la justificación, los datos respecto al funcionamiento de la mediación, sus dificultades más importantes, sus restricciones, etcétera, corresponden a la realidad de la mediación en Córdoba del año 2006. Esto es importante recalcarlo ya que algunos aspectos de la mediación podrían haber sido modificados a la fecha. Cuando contemos con el dato de esas modificaciones, las señalaremos, aunque en ocasiones no fue posible obtener esta información. Sin embargo, lo que nos importa en este libro, el objetivo moralizador del Estado, sigue siendo un aspecto importante de la mediación hoy.
Nos basamos en diferentes fuentes de recolección de datos e información: documentos oficiales, fuentes secundarias, entrevistas en profundidad, observación de casos y participación en cursos de formación y perfeccionamiento de mediadores. Las dos primeras fuentes consisten en los proyectos de ley presentados, decretos reglamentarios, estatutos organizativos, manuales de procedimiento y leyes comentadas. Asimismo, se realizó un seguimiento del proceso legislativo de la mediación atendiendo especialmente a las posiciones y argumentos de los legisladores en los debates en el recinto legislativo provincial. Las entrevistas [19] se realizaron a operadores del sistema, cuidando que cada uno de los aspectos organizativos de la mediación estuviera presente. Es decir, se entrevistó a mediadores abogados y de otras disciplinas y a coordinadores de todos los tipos de centros. También se entrevistó a quienes elaboraron los diferentes proyectos presentados en las cámaras y a abogados que se oponen a la mediación. La observación de casos junto a la participación en los cursos de formación de mediadores, por un lado, y de capacitación constante, por otro, generó un útil complemento de las otras técnicas de recolección de información. Todas ellas en conjunto se potenciaron para dar forma a un corpus lo suficientemente completo y general para lograr los objetivos de esta investigación.
El criterio de análisis de toda la información recogida estuvo definido, en todo momento, por los aspectos del marco teórico analítico del concepto de Estado que manejamos, de manera que las representaciones y en especial los discursos acerca de las prácticas de los actores constituyeron dos ejes fundamentales.
[1] Por ejemplo, en Córdoba el componente de una sociedad cada vez más conflictiva y litigiosa fue un punto central a la hora de fundamentar el tratamiento legislativo de la mediación. El argumento más fuerte sostenía que la mediación desaceleraría la litigiosidad de la sociedad porque evitaría hasta en 60% la judicialización de los casos. La manera en que se esperaba que la mediación lograra esto reside, como veremos luego, en un conjunto de potencialidades de la misma mediación, en sus efectos sociales.
[2] En el capítulo dos intentaremos una explicación detallada del significado de la conflictividad social y su relación con la mediación para el caso que nos ocupa. Nuestro análisis cuestiona esta relación de causa-efecto y la explora en detalle para entender, en el caso cordobés, en qué medida estos procesos —crisis judicial y crisis social— contribuyen al desarrollo de la mediación.
[3] Las experiencias de los