Hijas e hijos de la Rebelión. Una historia política y social del Partido Comunista de Chile en postdictadura (1990-2000). Rolando Álvarez Vallejos
de 1990
117 Antonio Leal, «Contribución para el debate sobre el futuro del ARCO», mecanografiado, s/f. P. 12 y 13.
118 «Informe sobre Asamblea Nacional ARCO», 25 y 26 de mayo de 1991. Mecanografiado.
119 «Participación Democrática de Izquierda. Primeras tesis políticas, culturales, programáticas» agosto de 1991, s/r.
120 Al respecto, ver http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=35824, consultado el 14 de marzo de 2016.
C apítulo 3 De la «independencia constructiva» a la oposición a la Concertación (1991)
El comportamiento político del Partido Comunista durante el año 1991 se concentró en salir al paso de las fuertes críticas que el resto de los actores políticos le endosaba. Estas se enfocaron en torno a tres hechos que marcaron la agenda política del PC durante el año. Primero, la publicación de los resultados del Informe Rettig y los intentos iniciales de consagrar la impunidad a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura. El segundo hecho fue el asesinato en el mes de abril del senador de la UDI Jaime Guzmán Errázuriz, a manos de un comando del FPMR autónomo; y, por último, la disolución de la Unión Soviética, ocurrida durante el segundo semestre de 1991. Estos eventos generaron coyunturas políticas que significaron una fuerte ofensiva contra las posturas del PC. Los contenidos de las críticas siguieron la tónica del año anterior, en el sentido de cuestionar la vigencia de la organización, a la que se le pronosticó una fecha inminente de defunción.
En este marco, el partido se esforzó por reafirmar su existencia en base a su presencia en organizaciones sociales populares y desarrollar una línea política que los diferenciara de sus críticos de derecha y la Concertación. Así, aislados políticamente, los comunistas definieron en 1991 una línea de acción de largo alcance: ser opositores a los nuevos gobiernos democráticos y la creación de un referente político amplio, que se confrontara a las dos alianzas que hegemonizaban la arena política de la recientemente recuperada democracia chilena. Por medio de estas opciones, intentaron abrirse camino en la vida política y social del país.
Respecto a la materia de los derechos humanos, entre el 8 y 10 de marzo de 1991, es decir, cuatro días después de conocerse los resultados del Informe Rettig, se realizó un pleno el Comité Central del PC. Como se sabe, la llamada «Comisión Verdad y Reconciliación» fue el mecanismo ideado por el nuevo gobierno democrático para abordar la problemática de los ejecutados y detenidos-desaparecidos durante la dictadura. Su composición incluyó a personeros de derecha, como una forma de que pudiera ser considerada neutral y representativa de la mayoría de la ciudadanía. Eso explica que el historiador y ex ministro de Educación de la dictadura, Gonzalo Vial Correa, formara parte de la instancia. Además, que fuera quien redactara un polémico «contexto histórico» en el que se habrían producido las ejecuciones y secuestros, concluyendo que «todos» habían sido responsables de lo ocurrido. La Comisión tenía como misión recabar información, establecer los hechos y entregar a los tribunales todo el material para avanzar hacia el establecimiento de la justicia. Entre sus disposiciones más polémicas, estaba que, a pesar de poseer un listado de nombres de perpetradores de violaciones a los derechos humanos, este no sería entregado a la opinión pública, bajo el argumento de no poseer atribuciones judiciales para acusar a personas de estos graves hechos. Una vez que el presidente Aylwin dio a conocer el Informe, las fuerzas armadas y la derecha desconocieron sus resultados, que establecían la existencia de más de tres mil víctimas durante la dictadura, entre asesinados y hechos desaparecer.
El mencionado informe al pleno del Comité Central del PC, por su parte, partía valorando el Informe Rettig, sobre todo en el contexto de que la inmensa mayoría de la derecha y el conjunto de las fuerzas armadas negaban la existencia de violaciones a los derechos humanos y ponían en duda la existencia de los desaparecidos, o «supuestos desaparecidos», como los nombraban en sus discursos públicos121. Por otra parte, el PC planteaba la necesidad de «verdad total y justicia plena» como principios básicos para resolver la problemática de los derechos humanos. Por último, se estableció la necesidad de «desmontar la tergiversación histórica acerca del período de la Unidad Popular» y acentuar el debate para «restablecer la verdad histórica», puesto que se consideraba que el Informe exponía «ciertos juicios e interpretaciones político históricos subjetivas que tienden a relativizar las responsabilidades del pinochetismo, la derecha y el imperialismo, y a legitimar en los hechos el golpe de Estado…». Por último, el PC exigió que la Comisión encabezada por el jurista Raúl Rettig entregara los nombres de los perpetradores y se mencionara públicamente a Pinochet como responsable último de los hechos122.
En esta coyuntura, el PC dejó de manifiesto su estilo de comprender y hacer política divergente con la Concertación, cuestión que estuvo en la raíz de su futura oposición a los gobiernos encabezados por la coalición de centro-izquierda. En efecto, el oficialismo estaba realizando esfuerzos para acordar con la derecha «alguna solución» al problema de los derechos humanos. Hay que recordar que la oposición contaba con mayoría en el Senado, razón por la cual cualquier iniciativa legal debía contar con el beneplácito de esta. Asumir de manera «realista» esta situación estaba en la base de lo que entonces se denominó como la «democracia de los acuerdos». El PC, por su parte, no compartía esta visión y planteaba, como veremos más adelante, la «ruptura institucional» como fórmula para avanzar en la democratización del país. Por este motivo, los comunistas rechazaron públicamente los acuerdos cupulares que el oficialismo intentó realizar con la derecha en esta materia, bajo la sospecha de que ocultaban alguna fórmula para dejar impunes los crímenes123.
La posición discordante de los comunistas en materia de derechos humanos, fue utilizada por los partidos oficialistas y de derecha para descalificar al PC. Se le tildaba de falta de realismo, de no entender las dificultades objetivas que enfrentaba el gobierno y, peor aún, de no entender que la ciudadanía rechazaba los discursos confrontacionales como el suyo. De esta manera, una consigna que había sido enarbolada por Aylwin durante su candidatura presidencial, como la de «verdad y justicia», ahora era relativizada por el oficialismo. Dado el alto componente emocional que tenía para los comunistas el tema de la violación de los derechos humanos, este hiato con la Concertación fue uno de los factores que influyeron de manera decisiva para que el PC se convirtiera en opositor al gobierno de Aylwin.
La conflictiva coyuntura abierta por la entrega del Informe Rettig se cerró producto del asesinato de Jaime Guzmán, líder de la UDI, el partido de derecha más cercano y defensor del general Pinochet y su régimen. A pesar de que prontamente se supo que la acción había sido ejecutada por el FPMR autónomo, es decir, por quienes se habían desgajado del PC en 1987, la oportunidad fue utilizada por casi todo el espectro político para arrinconar a esta colectividad. Como resultaba obvio, el PC sacó una declaración rechazando el crimen124.
Es necesario contextualizar en la coyuntura de la época las acusaciones contra el PC. Agrupaciones de izquierda, como el FPMR (autónomo), ramificaciones del MIR y el MAPU-Lautaro, decidieron continuar desarrollando acciones armadas luego de restaurada la democracia en marzo de 1990. En una línea argumental similar a la del PC, en el sentido de la continuidad entre dictadura y el nuevo gobierno de Aylwin, estas organizaciones planteaban que nada había cambiado en el país. Por lo tanto, la lucha armada continuaba siendo su principal forma de lucha. Entre 1990 y el asesinato de Guzmán, realizaron acciones de gran impacto público, como el intento frustrado de asesinar al general (r) Gustavo Leigh Guzmán, ex integrante de la Junta Militar junto a Pinochet, y la muerte del coronel (r) de carabineros Luis Fontaine, entre otros. Además, numerosos ataques a la policía civil, asaltos bancarios y enfrentamientos con carabineros125. De esta manera, la oposición de derecha ocupaba este accionar para criticar la supuesta incapacidad de las nuevas autoridades para controlar lo que denominaban como «el terrorismo». A su vez, tanto el oficialismo como la derecha criticaban al PC por lo que consideraban su ambigua posición ante el desarrollo de estas acciones armadas.
Por este motivo, desde antes del crimen de Guzmán, diversos sectores venían planteando que los comunistas