Historias del hecho religioso en Colombia. Jorge Enrique Salcedo Martínez S J
una de las piezas más prestigiadas del patrocinio religioso62. De acuerdo con la cultura y la mentalidad hispánicas, el patronazgo era una de las atribuciones de la monarquía y sus familiares, de la nobleza, de los municipios o de aquellos que querían incrementar su honor. No resulta extraño que estas prácticas se trasladaran a los nuevos dominios americanos, en donde las élites emulaban las prácticas nobiliarias peninsulares.
La relevancia de estas obras servía a los nuevos señores americanos para manifestar su poderío y realzar su prestigio; o, como lo analiza Wolf, el patronato era también una estrategia de “lucha contra el anonimato”63. En este sentido, no fueron extrañas las disputas por la obtención de las titularidades. La fundación del Convento de Santa Clara en Mérida, por ejemplo, dividió a la élite emeritense en dos bandos rivales, comandados por dos familias que se disputaban la titularidad del convento. Los enfrentamientos en este caso terminaron en muertes violentas, demorando la fundación unos 30 años más hasta que se aplacaran los ánimos y se decidieran a resolver el problema de la apertura64.
Otro enfrentamiento tuvo lugar entre la comunidad religiosa del convento santafereño de la Concepción y los sucesores de Luis López Ortiz. Al parecer, una vez fallecido el fundador, la familia demandaba el reconocimiento de su patronazgo; por su parte, las monjas argumentaban con razón que los fondos del convento no procedían en su totalidad de lo entregado por López Ortiz, recabando en que la dotación del edificio e Iglesia correspondía a un capital dejado para ese fin por otro vecino fallecido. La familia inició numerosos pleitos por el control del convento, llegando hasta la agresión física de la abadesa Beatriz de la Concepción propinada por uno de los familiares65. El fiscal de la Cancillería Real, Aller de Villagómez, a su vez hermano de tres monjas, interpuso una demanda para que se modificara la titularidad del convento y se le reconociera al Rey el título de patrón. Entre los argumentos de la demanda se insistía en que, desde 1576, se planeaba la instalación del primer monasterio en la ciudad para lo que el Rey había dispuesto una partida, producto de lo recaudado por las medias anatas, para la construcción de este. En efecto, en el tiempo que Luis López Ortiz asumió el patronato, el gobernador Antonio González le entregó en 1592 y 1595 fondos provenientes de las medias anatas, declarando además que estas pertenecían al monasterio en virtud de lo ordenado por cédula real que nombraba administrador al mencionado López Ortiz66. La sentencia finalmente salió favorable al fiscal Villagómez, estipulando que el convento quedaba bajo el patrocinio real, mientras que a Ortiz y sus descendientes se les reconocía solo como fundadores67. La tutela del Rey se demostró una vez más en 1618, con ocasión de problemas en la edificación. Para la urgente reparación de la iglesia y parte del monasterio se solicitó el auxilio económico de la hacienda real para que se le otorgaran los beneficios económicos derivados de la media anata, tal como se había asignado en ocasión anterior68.
El Real Convento de San José, también de la ciudad de Santa Fe, fundado por la mencionada Elvira de Padilla en 1606, resulta sumamente interesante para entender este tipo de conflictos entre las familias de la élite69. La peculiaridad de su fundación radica en su inusual apertura sin licencia real, contando con la sola autorización del presidente de la Audiencia Juan de Borja y del arzobispo Lobo Guerrero. En ello incidió posiblemente que no se contara en el momento de su apertura con fondos suficientes para su fundación, salvo la propia casa de Elvira de Padilla y las rentas de una parte de la encomienda de Fusagasugá (por la que le entregaban de las Cajas Reales unos 400 pesos). La escasez de recursos que caracteriza esta fundación constituye una notable excepción en comparación con los otros conventos aquí estudiados. Lo cierto es que, a solo dos años de fundado el convento, se solicitó auxilio económico a la Corona para que “le hiciera merced y le diera limosnas en vino, aceite para alumbrar al Santísimo, médico para atender a las enfermas y botica”. Al parecer, la comunidad no alcanzaba a cubrir los gastos de las monjas y la situación de pobreza había llegado al extremo que al mediodía se mandaba a las monjas a “pedir pan para comer o pedían vino en los vecinos para celebrar la misa”70.
Hasta el momento, no se ha podido dar con las fuentes que muestren el camino por el que se obtuvo el título de monasterio real. Sin embargo, en 1624, a dieciocho años de fundado el convento, la priora solicitó al Rey la merced “como Patrón universal de todos los conventos de Indias de aceite, cera y vino, como se hace y se ha hecho con las casas de religiosos y religiosas”71. Agregaba la superiora que el convento hasta el momento no había pedido auxilio y solicitaba mercedes como las efectuadas a los otros “con medias anatas o repartimiento de indios como lo dado a las monjas de la Concepción y Tunja que desde el principio tuvieron más justas fundaciones”72. Asimismo, en 1628, una petición similar permite ver que las mercedes no habían llegado. Finalmente, al parecer hacia mediados del siglo XVII el monasterio encontró poderosos benefactores y colaboradores eficaces que gestionaron, además de los auxilios económicos para las reformas del edificio, el reconocimiento del título honorífico de “monasterio real”73.
Las disputas en torno al patronato dejan en claro que los conventos, como instituciones, hacían parte de las estrategias de poder de ciertos grupos sociales. Formaban parte de sus intereses y en torno a ellos se dibujan otros actores que intervenían o mediaban en esas disputas.
Con menos frecuencia y con poca influencia en las decisiones, participaban también otros sectores sociales en lo relativo a las fundaciones. Así sucedió con el Convento de la Concepción de Pasto, del que se dice que
[...] con las dotes y limosnas que hace personas pías suficientemente se podría hacer y fundar el monasterio y muchas gentes de esta ciudad han comenzado a poner en ejecución lo que hasta ahora se había propuesto y para que todos se animen las doñas [mujeres] se han congregado, metido y juntado en una casa de honesto sitio74.
En la fundación del Convento de Santa Clara en Tunja, destacados vecinos, encomenderos y compañeros de armas de Francisco Salguero apoyaron la petición de permisos para la apertura. No solo pesaba la relevancia de los personajes, sino el consenso social que se generaba en torno a la fundación75. El interés por este primer convento de la jurisdicción no dejó ajenos a los miembros del gobierno, quienes se aprontaron a tomar partido por los beneficios que aportaría a las hijas y nietas de conquistadores, y a las mujeres “víctimas de la pobreza”, problemas que la Corona debía resolver por una razón de justicia debido a los méritos de aquellos antepasados.
También destacaron los oidores la promoción de las buenas obras, la devoción y ejemplaridad que traía consigo una casa religiosa, aspecto de total incumbencia para el Patronato Real. Estos argumentos le valieron a la Audiencia para nombrar al convento como “Santa Clara la Real”76, y disponer además del amparo de la Corona para la primera fundación monástica del Nuevo Reino de Granada. A cambio, como sucedía en estos pactos, se establecieron algunas obligaciones que el convento debía atender. La primera exigía la disponibilidad de dos plazas para el ingreso de dos doncellas seleccionadas por los miembros de la Audiencia a las que el convento debería otorgarles el hábito, la profesión religiosa —con los gastos propios de la ceremonia— y la alimentación. Las dos seleccionadas solo debían aportar su ajuar y su cama, sin exceder el valor de 100 pesos. Esas vacantes siempre estarían completas, de modo que, si se producía la muerte de alguna de las dos o de las dos, debían ser reemplazadas por otras candidatas77.
De alguna manera la estructura de poder se refleja con nitidez en el momento de las fundaciones conventuales. Este tipo de obras atañía primeramente a los vasallos españoles, pues eran sus hijas las destinadas en principio a los conventos. La aprobación social con que partían las fundaciones convocaba (y obligaba de hecho) a la injerencia de los funcionarios reales. Ante el consenso de los notables de la ciudad, los representantes del Rey no podían permanecer ajenos o indiferentes, en tanto que se trataba de un asunto de interés valioso para el conjunto de los súbditos. La intervención de la autoridad política se puede apreciar mejor en el caso de la donación dejada por Catalina de Cabreros, en 1592, “para que se funde un monasterio de la Orden de San Francisco y con advocación de Nuestra Señora de la Concepción”78. La testadora había ordenado que la titularidad del patronato se adjudicara a los gobernadores de la ciudad; por otro