La casa de todos y todas. Patricio Zapata Larraín
presente, también, la dificultad adicional de un panorama económico negativo. Y si durante 2019 la economía nacional creció apenas un 1,2%, las últimas proyecciones disponibles para 2020 prevén un crecimiento de 0,9%.
La verdad es que siempre he entendido que los procesos constituyentes son asuntos extremadamente serios y que, dadas las expectativas e incertidumbres que se abren, deben ser abordados con rigor. Así lo manifesté en varias ocasiones en 2016 a propósito de mi rol como presidente del Consejo Ciudadano de Observadores.4 Y si prediqué responsabilidad en 2016, con mayor razón intento aplicarla ahora.
Sobre la violencia y las violaciones a los derechos humanos
Ninguna valoración de la importancia histórica de poder tener en Chile, por primera vez, un proceso constituyente altamente participativo, me ha llevado a naturalizar, trivializar o justificar la violencia que se ha vuelto tan recurrente a partir del 18 de octubre de 2019.
He sido claro en rechazar la violencia y condenar a quienes la emplean, sea que se trate de núcleos anarquistas, narcos o lumpen. A diferencia de varios en la centroizquierda y la izquierda, que a fines de 2019 y principios de 2020 se han mostrado acomplejados o cohibidos ante la presión de las redes sociales y las funas, mi discurso en la materia ha sido claro y tajante.5
En todo caso, no me he limitado a la condena. He apoyado públicamente ciertas medidas que pueden ser útiles al objetivo de poner fin a la acción de los violentistas. En su momento, señalé que el toque de queda decretado en el contexto del estado de emergencia me parecía, dadas las circunstancias, una medida sensata y proporcional. Respaldé la reforma legal que tipifica más precisamente las hipótesis de saqueo. He manifestado mi acuerdo con la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas, excepcionalmente y bajo condiciones muy acotadas, resguardar ciertas instalaciones críticas. Entendiendo que solo servía para agudizar el clima de polarización, manifesté mi oposición a la acusación constitucional contra el Presidente de la República.6
Ahora bien, ningún aprecio por el Orden Público y la seguridad puede transformarse en motivo, o pretexto, para disculpar o relativizar las gravísimas y reiteradas violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado. O para ignorarlas. Los avances que se logren en el plano de las políticas sociales o el cambio constitucional no pueden significar, en modo alguno, que se tienda algún manto de impunidad sobre los delitos cometidos por agentes del Estado. En su momento, me pareció indispensable que, en paralelo a las responsabilidades penales, se hiciera efectiva también la responsabilidad política.
Ningún avance en democracia o justicia social que pueda alcanzarse podrá darle un “sentido” al dolor que han padecido las víctimas de graves y reiteradas violaciones a sus derechos humanos. O el sufrimiento de la persona que ha visto cómo le destruyen su medio de transporte, su lugar de trabajo o sus espacios públicos. Me resulta éticamente inaceptable la idea según la cual el progreso social supone o conlleva aceptar ciertos “daños colaterales”, que serían una especie de precio inevitable para lograr avanzar.
Me interesa detenerme en este último punto. Puedo entender el dato histórico según el cual los progresos colectivos en materia de libertad e igualdad han supuesto, siempre, que muchas y muchos individuos hayan estado dispuestos a arriesgar sus intereses y sus derechos. Cuestión distinta es que uno acepte la lógica de que un fin noble, p.e., más justicia, puede servir para justificar el empleo de medios inmorales.7
La historia de las luchas sociales está llena de ejemplos de individuos y grupos que promovieron una causa justa sin recurrir a los bombazos. Rosa Parks ejerció la desobediencia civil rehusando ceder su asiento, no quemando el bus. Mahatma Gandhi promovió marchas y boicots. Nunca defendió los saqueos o los ataques armados a los recintos policiales.
La propia historia de nuestra Patria nos muestra el valor y la fuerza de la “no violencia activa”. Baste recordar a Clotario Blest, a Tucapel Jiménez y a Manuel Bustos en el mundo sindical. O al “Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo”. ¿Cómo olvidar, más recientemente, la alegría y creatividad de los cientos de miles de jóvenes que marcharon por una educación más inclusiva en 2011? Y los avances que lograron con su movilización. ¿Por qué habríamos de desconocer las transformaciones legislativas y culturales que ha conseguido el movimiento feminista en Chile? ¿Habrá acaso alguna molotov, o suma de molotovs, que haya tenido un 1% del impacto de la acción de arte de protesta de Lastesis? El movimiento ambientalista es otra fuente de inspiración a la hora de apostar por la no violencia activa. En fin, ¿vamos a negar los logros de quienes denunciaron, sin violencias, con serenidad y mucho coraje, los abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia Católica?
Me parecería equivocado, y peligroso, en conclusión, que algunos concluyeran que la principal “moraleja” del estallido del 18 de octubre es que en Chile es “necesario” destruir o quemar para conseguir progreso. Una cosa es entender que, frente a la defensa del statu quo por parte de los privilegiados, siempre será necesario que los partidarios de los cambios políticos y sociales desplieguen mucha energía, mucha unidad y mucha generosidad; pero otra, y muy distinta, es resignarse a que la única forma de lograr los cambios pase por meter miedo.
Si se examina la experiencia histórica, en Chile y el mundo, se apreciará que existen demasiados casos en que las explosiones de rabia, con su seguidilla de violencia, no producen ningún cambio significativo.8 Más aún, no es extraño que un ciclo extendido de violencia termine empujando a sectores de clase media a los brazos de las fuerzas más reaccionarias. Ahora bien, si incorporo estas consideraciones prácticas al análisis de la ineficacia relativa de la violencia, lo hago simplemente como argumento secundario o a mayor abundamiento. Como lo he señalado, mi objeción al empleo de la violencia como método de acción política es un asunto de principios. Es consecuencia natural de la concepción humanista cristiana de la persona y la acción política en la que creo.9 Por lo mismo, es una convicción moral a prueba de cálculos utilitarios, acomodos o modas.
Escuchar
El debate constitucional no se produce en un vacío. Un libro que intenta contribuir a esa discusión tiene que abordar los antecedentes históricos y el contexto político. Más adelante, abordaré la historia del constitucionalismo latinoamericano (capítulo 3) y la tradición constitucional chilena (capítulo 5). En este preámbulo quisiera decir algunas cosas en relación con el contexto nacional más inmediato.
Ya me referí en las páginas anteriores a las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia. Mi opinión sobre tales fenómenos se funda en ciertos principios que me parecen universales e intransables. Ahora bien, y en lo que respecta a un balance más general sobre lo que ha pasado en Chile desde octubre de 2019, no me siento en condiciones de hacer juicios categóricos. De hecho, confieso tener bastantes más preguntas que respuestas.
Mucha gente me ha ayudado a tratar de entender. En primerísimo lugar, mi hija y mis dos hijos. También sus amigas y sus amigos. Y mis estudiantes. Cecilia y nuestras incontables conversaciones. He aprendido escuchando a actrices y actores que conversan con el público después de una función de la Pérgola de las Flores en el GAM. He ganado comprensión en cada cabildo y en cada conversatorio al que he sido invitado, ya sea con juntas de vecinos en el Barrio Lastarria, en la Cámara Chilena de la Construcción, en Cariola, Diez y Pérez Cotapos o en la sede el Partido Socialista de Ñuñoa, etc., etc., etc.
Personas que no conozco me han abierto los ojos.10 Como ese joven taxista que, mientras me sacaba del centro la noche del 22 de octubre, esquivando barricadas con su auto, me habló de una espera de más de un año para la operación de vesícula de su esposa.
Si uno hubiera tenido los ojos más abiertos antes del 18 de octubre, quizás hubiera podido ver los avisos de lo que vendría. A mí se me pasaron varios. Ahora recuerdo uno en especial. Fue el sábado 12 de octubre de 2019, seis días antes de que se produjera el estallido social. Yo expuse en la “Conferencia del Mañana”.11 En mi ponencia, entre otras cosas, defendí el proyecto de ley que rebaja la jornada laboral a cuarenta horas. Valoré positivamente las movilizaciones sociales de 2011, el movimiento feminista y el despliegue de los grupos ambientalistas. Cerré mis palabras diciendo: “Si me preguntan por nuevo pacto, yo respondo que el nuevo