La izquierda legal y reformista en Colombia después de la Constitución de 1991. Jorge Eliécer Guerra Vélez
retos del siglo xxi. Desarrollo, democracia y paz (pp. 99-126). España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.
2 Ibid.
3 No ha habido dictaduras, pero las tasas de homicidios de los últimos cinco decenios superan las cifras de muertes que suelen adjudicárseles a las dictaduras. Las cifras del Informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no son alentadoras, en el 2014 este daba cuenta de más de doce mil muertes (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis. Datos para la Vida. Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia. Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 2014). A diferencia de las cifras que expone la Policía y que se valen solo del acta de defunción o levantamiento de cadáveres, en este estudio se tienen en cuenta a quienes mueren días después de ser víctimas de una agresión o accidente.
4 Ver Torres Giraldo, Ignacio. Los inconformes. Historia de la rebeldía de las masas en Colombia. Bogotá: Margen Izquierdo, 1972, vol. 4, p. 8.
Primera parte
La Constitución de 1991, cigoñal de una fallida alternativa de izquierda
1
Acuerdos de paz en medio de la confrontación bélica
Dos situaciones marcan el cierre de los ochenta: la desmovilización y transformación de algunas guerrillas en organizaciones partidistas y la llamada guerra al narcotráfico a partir del gobierno Virgilio Barco (1986-1990). Esta segunda situación abre un periodo de violencia que afecta a toda una nación cautivada, y en parte con su propia anuencia, por las ansias del dinero a cualquier costo y el cinismo de esa “pequeña casta oligárquica [que] ha dominado históricamente la política colombiana”,1 a la que con categórica puntualidad se refiriera David Bushnell. Como era de esperarse, los únicos beneficiados serían los señores de la guerra sucia. La introspección de este segmento de la fatalidad colombiana, cuya fascinación hala a nacionales y foráneos, resulta bien difícil dado que pululan las argumentaciones acerca de las causas estructurales o coyunturales que engendraron esa situación conflictiva. De hacerlo se corre el riesgo de abrir la caja de Pandora. Sin hacer gala de una novedad, aquí se ha escogido el grifo de la recapitulación de esos procesos de reinserción a la vida civil de algunas guerrillas. Son muchas las ocasiones en las que estas y el Estado se sentaron en la mesa buscando ponerles fin a sus diferencias; y cuando las negociaciones no funcionaron, la arremetida fue aún peor, llevándose por delante vidas y esperanzas, al tiempo que avivaban la confrontación hasta épocas recientes. Si la paz ha estado siempre en el horizonte común, cada bando la ha concebido diferentemente. Casi replicando en la distinción que de una paz negativa y otra positiva hicieran Bobbio y Matteucci, es la primera la que más añora todo Gobierno cuando solo desea la simple ausencia de la guerra, mientras que la segunda es la de las organizaciones del tipo guerrilla, para las cuales el fin de las hostilidades debe ir acompañado del reconocimiento a las demandas que las llevaron a alzarse en armas.2
El Movimiento 19 de Abril, su ascendencia en la Colombia de la década del ochenta
Al finalizar los años setenta y comenzar los ochenta, el Movimiento 19 de Abril (m-19) fue el grupo guerrillero con mayor retumbo, debido a la envergadura de sus acciones contra el establecimiento y a su capacidad para obtener simpatías entre las clases populares. Un decenio más tarde, en el marco de unas nuevas negociaciones de paz este grupo va a acaparar de nuevo toda la atención; por un lado, por las simpatías que recogía entre una porción de la clase media en las principales aglomeraciones urbanas, claramente próxima al mundo académico y la cultura; por el otro lado, por ser el primero en decirle adiós a la guerra. Al respecto explicaba Jaime Zuluaga Nieto: “no era la guerrilla más numerosa, ni la más fuerte militarmente. Pero, sin duda alguna, era la que había abierto el camino de la recuperación de la política para el movimiento insurgente y la que más había contribuido a romper su carácter marginal”.3 Y algo más, la decisión del m-19 se acompañaba de la expectativa de una nueva alternativa política que quebraría el bipartidismo, lo cual no habían logrado otros procesos previos de izquierda ni otros ajenos a ella.
La negociación final con el m-19 tuvo lugar en el caserío de Santo Domingo, Cauca, principal centro de sus operaciones. Tras una última “conferencia” o serie de diez encuentros el 5 de octubre de 1989, el turno le correspondió al Gobierno, a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y a algunos emisarios de diferentes instituciones políticas y sociales, quienes firmaron el 2 de noviembre el que llamaron Pacto Político por la Paz y la Democracia.4 Este pacto luego va a materializarse el 9 de marzo de 1990 con el desarme en la población de Caloto (también en el Cauca). Refiriéndose a este acontecimiento, Jaime Rafael Nieto encontraba una importancia en dos sentidos:
Histórico, pues con la desmovilización del m-19 era la primera vez que una guerrilla surgida en el contexto del Frente Nacional, y cuya estrategia se orientaba a derrocar al Estado, renunciaba a la continuidad de la guerra como estrategia de lucha por el poder y aceptaba incorporarse a las instituciones básicas del régimen político, convirtiéndose en movimiento político legal. Sin embargo, la mayor importancia se revelaba en el contexto inmediato de la política nacional. Con la dejación de las armas y la desmovilización de sus destacamentos, el m-19 lograba capitalizar a su favor el sentimiento nacional por la paz y, en buena medida, encarnarlo, en un momento en el que la violencia polivalente y múltiple se exacerbaba.5
Un argumento esgrimido por las guerrillas cada vez que han negociado es el de no estar débiles militarmente. El m-19 no pensaba lo contrario, solo que una vez en la legalidad deberían superar la praxis militar y darle paso a la deliberación ideológica. No es que omitiera el aspecto político, pues este subsiste en el imaginario estimulado en los programas y los discursos de la subversión, es en últimas el leitmotiv de su accionar. En el caso específico del m-19, la predominancia de lo militar tuvo lugar durante el mandato de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), quien aplicó un proyecto arbitrario, y al que adhirieron el bipartidismo, la cúpula militar y los gremios económicos. Es luego, con el gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) y su estrategia de paz, que el m-19 le bajó a su rebeldía, con excepción de una acción con muy altos costos a finales de 1985 —y respecto a lo cual ya habrá oportunidad de hablar—. Al promulgar una Ley de Amnistía (Ley 35 del 19 de noviembre de 1982), y con la premisa de que el clima de violencia deterioraba las instituciones políticas y frenaba el desarrollo socioeconómico, dicho gobierno recogió un apoyo entusiasta en el comienzo, lo que el propio comandante del m-19 para la época, Jaime Bateman Cayón, reconoció: “El pueblo, entre el m-19 y Belisario Betancur, escogió a Betancur […] porque hasta cuando [él] apareció […] la alternativa éramos nosotros”.6 Precisamente la amnistía estuvo dirigida al m-19 en tanto la había reclamado, pero fue este mismo grupo el que la rechazó en 1983, frenando así las adhesiones de una parte del establecimiento al plan de paz del Gobierno, y de la población, que no perdía la esperanza y continuaba pintando palomas blancas en los muros. Falto de tacto, el m-19 perdió la ventaja política y estratégica que recogiera frente al resto de guerrillas. Así lo advirtieron con precisión Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo: “[…] no supo diferenciar entre la estrechez habitual del régimen político colombiano y la amplitud coyuntural del gobierno Betancur”.7
Por su postura, al m-19 solo le quedó seguir la lucha armada, sin certeza de si esa vía le daría réditos políticos. “Que la política estuviera en una relación táctica de subordinación frente a la guerra, no quería decir que el m-19 la desestimara; de hecho, le era muy importante y, en algunas circunstancias, decisiva. Es por ello que luego de la amnistía, haría esfuerzos desesperados por reinsertarse en el campo de la política. Pero otra vez, claramente desde la guerra”,8 estimaba Nieto. A esta organización se le cerraron los espacios político y militar; por un lado, se convirtió en la prioridad a combatir por parte de las fuerzas militares; por el otro, otras guerrillas aceleraron su expansión territorial,