La izquierda legal y reformista en Colombia después de la Constitución de 1991. Jorge Eliécer Guerra Vélez
de progresistas. Esta unión propuso la creación del Congreso de Unidad por una Alternativa Popular y Democrática, que en últimas no se concretó. Un mes después, en febrero, caía asesinado su máximo comandante, Ernesto Rojas, cuyo verdadero nombre era Jairo de Jesús Rojas, lo que generó una crisis en el conjunto de la organización partidista y militar, que en un corto lapso había perdido a dos de sus mejores hombres. Los hermanos Calvo sintetizaban no solamente destreza militar y tacto político, sino también audacia al ser quienes iniciaron el debate democrático y la autocrítica en el seno de esta estructura maoísta. Es así como en su homenaje el Pleno del Comité Central del pcc-ml, reunido a mediados de aquel año, decidió reiterar la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente y consolidar el Frente Popular, añadiendo, rompiendo con su tradición abstencionista, que el movimiento político participaría en las elecciones de 1988. Aun así, un sector dirigido por Francisco Caraballo, quien se convirtió en el nuevo secretario general del pcc-ml, apuntó: “preparar la insurrección desechando cualquier ilusión en un periodo de lucha pacífica”.51 Debido a la importancia que adquirió el Frente Popular, surgieron dos posturas: la una recalcó que la convergencia con otros sectores no podía hacerse a expensas de la defensa del proletariado ni del descuido a los designios partidistas; la otra, liderada por otro dirigente que emergía, Bernardo Gutiérrez, se distanció del entusiasmo electoral. Mientras toda esta estructura resolvía sus propias contradicciones, las farc, que habían respetado la tregua, dieron marcha atrás a raíz de las balas que comenzaban a empecinarse contra la up.
Para el Gobierno la situación no era mejor, incapaz de responder a dos situaciones que se entrelazaron: la movilización social y la “guerra sucia”. La primera había llegado a su cúspide tal como lo prueba Mauricio Archila sobre el “subperiodo 1980-1990”.52 Las reclamaciones principales fueron la violación de los derechos humanos, atribuida a grupos de extrema derecha, el respeto a las conquistas de los trabajadores y la salvaguarda de la actividad sindical. Relativo a la “guerra sucia”, tímidos fueron los llamados del Gobierno para detener la ola de crímenes. En vano, el entonces ministro del Interior, César Gaviria Trujillo, convidó a las guerrillas a restablecer los contactos; al mismo tiempo, exhortó a las organizaciones sociales a no dejarse infiltrar por aquellas. La respuesta de algunos sindicatos de izquierda al hostigamiento, la violencia y la crisis de su gremio, en parte por las privatizaciones, fue la creación de la Central Unitaria de Trabajadores (cut), que devino la más grande del país. Como era de esperarse, no estaría exenta de rivalidades entre sectores que comulgaban con el reformismo y aquellos que pretendían darle un carácter revolucionario. El ejemplo precursor era que “los poderosos sindicatos bananeros de Urabá se distribuían milimétricamente entre el epl-Frente Popular y las farc-up. [Mientras que] en los sindicatos de los sectores energéticos y de empresas de servicios públicos […], en particular el eln”.53 La influencia de la izquierda se extendió también a otros sindicatos que habían estado bajo la tutela del Partido Liberal.
La irrupción del Frente Popular en las elecciones de 1988 tuvo lugar en las zonas de proyección del epl y el pcc-ml. En otras partes construyó alianzas, por ejemplo en Santander con el movimiento ¡A Luchar! y en el Valle con la up. Al dialogar con organizaciones ajenas al marxismo-leninismo o de corte comunista, el Frente Popular recibió los reproches del resto de la estructura político-armada,54 que, asegurando haber pasado del maoísmo al socialismo, mantenía intacto su empeño revolucionario. Lo peor vino cuando la “guerra sucia” arremetió contra todo el proceso y algunos sindicatos cercanos, provocando “el regreso de muchos cuadros a la clandestinidad, los traslados a distintas regiones y otras medidas de seguridad que incluían, en algunos casos, la vinculación definitiva al epl”.55 En febrero de 1989 la Novena Plenaria del Comité Central del pcc-ml le propuso al epl contactar al Gobierno con el mensaje de que la guerra no impedía llegar a acuerdos. El debate iniciado por los hermanos Calvo echaba anclas.56 A la plenaria le siguió una reunión de los dirigentes de los tres proyectos. En ella “se plantearon, de forma oficial, las posiciones que defendían la solución política negociada e incluso la posibilidad del desarme, la legalización del partido y la reformulación de la línea política”.57 Además “se abordaron discusiones sobre temas que estaban al orden del día en el movimiento social: crisis sindical, el carácter hegemonista de los partidos, las peculiaridades y cambios en la composición social de los trabajadores, el peso del llamado ‘sector informal’ y de las clases medias en el país, los nuevos sujetos históricos y los profundos cambios que se producían en materia internacional”.58
El epl hizo un alto al fuego en mayo de 1989, que fue respaldado por el dirigente conservador Álvaro Leyva y por el liberal Jorge Dussán. Varios de quienes se refugiaron en las montañas por la “guerra sucia” regresaron al Frente Popular con ánimos de amplificarlo. La organización les propuso a las demás guerrillas sumarse a la tregua y discutir sobre los derechos humanos, sin resultado. Pero aquel renovado interés por el diálogo no significó la renuncia a la creación de un ejército popular.59 La tregua unilateral no duró nada. El epl responsabilizó al Gobierno de cerrarle el camino a la paz y de las operaciones encubiertas del Ejército.60
Abandonar la lucha clandestina, los riesgos de la decisión
Enterada del avance del proceso de paz entre el m-19 y el Gobierno, en enero de 1990 la dirigencia del epl concluyó “que la izquierda no había logrado configurar una alternativa y que el movimiento armado perdía incidencia política”.61 Consciente de que había que ganarse la opinión, propuso la realización de una consulta popular para elegir una Asamblea Constituyente, idea que ya estaba en el aire, al tiempo que rechazó la extradición de nacionales. Por su parte, el Frente Popular trató de apartarse de los dictados del pcc-ml estableciendo una dirección paralela, lo cual fue motivo de pendencias y de dicotomía toda vez que gran parte de sus militantes lo eran igualmente del partido clandestino. Las controversias tocaron otros grupos de izquierda cuestionados por los cambios internacionales y las expectativas de reforma política. Adicionalmente, se dio el hecho de que el “club de los expresidentes”,62 junto con algunos parlamentarios, emplazó a Barco a realizar cambios en conformidad con la época. Antes de concluir su mandato, Barco buscó el diálogo con todas las guerrillas condicionando que las reformas pasarían por la decisión del Legislativo; elegido democráticamente y sin influjo de las armas. A decir de Mauricio García, al Gobierno la desmovilización le importaba “solo de manera tangencial, y de ninguna forma como contenido de las negociaciones, consideraba la discusión sobre los temas políticos y sociales. Estos aspectos no se negociaban con la guerrilla; se partía de considerar que la reforma constitucional que hacía trámite en el Congreso lograba superar las estrecheces del régimen político colombiano y por consiguiente bastaba con dicha reforma para ofrecer un marco político adecuado a la paz”.63
La reanudación de los diálogos, ahora con el gobierno Gaviria, tuvo simbólicamente lugar en los Llanos del Tigre, límites de Córdoba y Antioquia, donde veinticinco años atrás el pcc-ml implantara la primera división armada del epl. Desgraciadamente el país acababa de inhumar a Carlos Pizarro Leongómez y a Bernardo Jaramillo Ossa. Situación que en el seno del epl parceló a quienes optaban por la paz y quienes se oponían; de aquella opción fueron gregarios varios de los jefes militares de entonces, de la segunda, minoritaria, eran partidarios cercanos a Francisco Caraballo.64 El epl tuvo que manejar el tema de las relaciones con los frentes y unidades de otras guerrillas que actuaban en la zona donde se restablecieron los diálogos y las aprensiones de su base, que no discernía la tensión en la cúpula. Por otra parte, estaba la ascensión del paramilitarismo,65 que, se dijo, llegó a coparle zonas donde tenía mayor influencia. Para completar, estaba el inconveniente adicional, común en la mayoría de procesos de paz, de que con cada nuevo gobierno había cambio de intermediarios y de tono en la negociación. Ello incidía en el avance o estancamiento de los diálogos, ya que algunos negociadores eran más versados en política y otros meros tecnócratas; unos pocos contaban con la capacidad de tomar decisiones, mientras que la mayoría era simples voceros; unos daban mayor importancia a los acuerdos de fondo y otros estrictamente al desarme; algunos conocían o provenían de la izquierda, en contraste con quienes eran nominados por dádivas políticas.
En la fase final de las negociaciones el sector mayoritario se acantonó en diez zonas, luego en seis y finalmente en dos. Con presencia