Ejército de Liberación Nacional (ELN). Historia de las ideas políticas (1958-2018). Carlos Medina Gallego
procesos de expropiación y reconfiguración de las relaciones de tenencia y propiedad por la vía de la violencia política, lo que contribuyó eficazmente al desarrollo capitalista moderno en el país.
La muerte de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 generó un estallido violento del conflicto social y político que no respetó ningún estrato social; el terrorismo político afectó a todas las clases a distinto nivel dependiendo de las posibilidades sociales, económicas y políticas que tuviese cada cual, para resistir la ofensiva de la barbarie sectaria de los partidos. Cuando se hizo imposible la situación y los mecanismos para frenar desde la sociedad civil la ola de violencia que azotaba el territorio nacional no funcionaron suficientemente, se recurrió a la lucha armada en la forma de guerrillas, como estrategia central de resistencia política (Pecaut, 1976, 1988; Henderson 1984; Pineda, 1960; Sánchez, 1983a; Oquist, 1978).
Resulta importante para el objeto de este trabajo presentar a nivel general el contexto, las características y regiones en que se da este tipo de resistencia política durante el periodo de La Violencia, en la medida en que de ella se nutre el proceso posterior que dará origen a las guerrillas de las FARC-EP y el ELN. Esta parte se inscribe en el periodo de análisis que hemos denominado de los conflictos sociales, políticos e ideológicos (Medina, 2011), y cuya característica esencial es el paso de un modelo de confrontación, centrado en los partidos por el control del poder del Estado, a un modelo de confrontación en el que aparece como eje fundamental la lucha revolucionaria por la transformación de la sociedad y del Estado.
De la violencia política tradicional a la violencia político-ideológica revolucionaria
Con la aparición de la guerrilla liberal, la violencia adquirió el carácter de una guerra civil en la cual la población campesina en armas, dirigida regionalmente por el Partido Liberal, se enfrentaba al terrorismo de Estado agenciado por el gobierno de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez.
Los grupos guerrilleros se establecieron en regiones que por sus características geográficas, sociales y políticas les permitían subsistir y adelantar la lucha de resistencia con grandes posibilidades de éxito. Se tuvo en consideración, al determinar los lugares de ubicación de la guerrilla liberal, que las condiciones topográficas fueran favorables para el desarrollo de ese tipo de lucha, que existiese un relativo aislamiento de los centros de poder, que los habitantes de la región estuviesen unidos por un cierto grado de identificación política y que, en alguna medida, los propietarios de grandes extensiones fuesen tolerantes con la presencia de grupos armados en sus territorios.
Las guerrillas se consolidaron, siguiendo estos parámetros, en tres tipos de áreas: 1) en las zonas de colonización reciente del Sumapaz y el sur del Tolima, en donde estaba aún latente el conflicto agrario por titulación de tierras y existía una base campesina politizada en otras épocas por el Partido Socialista, el Partido Comunista y la UNIR de Gaitán; 2) en las zonas de frontera abierta y colonización inicial dinamizada por el propio proceso de violencia: los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, el río Sinú y el río San Jorge; y 3) en el sureste antioqueño y otras áreas en donde la estructura agraria ya estaba consolidada. La principal característica de estas regiones consistía en ser, desde el punto de vista logístico, despensas alimentarias con capacidad de sostener durante largo tiempo grupos de hombres armados relativamente grandes.
Los guerrilleros liberales estuvieron dirigidos por hombres que fueron convirtiéndose en símbolos de la lucha armada y en leyendas y mitos en sus regiones. Son relevantes los casos de Guadalupe Salcedo, en los Llanos Orientales; Juan de la Cruz Varela, en la región del Sumapaz; el capitán Juan de Jesús Franco, en el suroeste antioqueño; Julio Guerra, en el sur de Córdoba; Rafael Rangel, en la zona santandereana 4 del Carare Opón; Saúl Fajardo, en el noroeste de Cundinamarca; Jesús María Oviedo, en el sur del Tolima, entre otros (Sánchez, 1989a).
A medida en que la lucha armada fue desarrollándose por los grupos guerrilleros liberales, comenzaron a aparecer normas y códigos de comportamiento que pronto se transformaron en leyes que guiaban las acciones guerrilleras y la dinámica de vida y convivencia en las regiones en las que operaban:
códigos que obligaban el respeto de niños, mujeres y ancianos, y leyes que prohibían expresamente la práctica de sistema de torturas y tierra arrasada a sus adversarios. Reglamentaba el uso de las expropiaciones o de su producto, subordinando los apetitos individuales a las necesidades colectivas de resistencia. Tenían tribunales propios: realizaban casamiento ente sus jefes y, en algunas zonas, las de mayor control, definían prioridades de producción y de distribución para la población civil. (Sánchez, 1989a, p. 145)
No obstante la obediencia que los grupos guerrilleros guardaban a la dirección del Partido Liberal, dos situaciones fueron creando las condiciones para que éstos fueran constituyéndose en cuerpos autónomos, con posibilidades de acumular fuerza capaz de llevarlos más allá de la resistencia o recuperación del poder político para los liberales, al logro de transformaciones sociales y económicos de beneficio general. La primera, la relación indirecta que manejaba la dirección del partido con los jefes de la guerrilla que creó una separación entre el mando militar y el mando político, dando posibilidades para que al crecer la autonomía guerrillera, se gestara un proyecto político de mayor alcance social que el ofrecido por el Partido Liberal; la segunda, la composición social de la guerrilla que unía multiplicidad de intereses, necesidades y experiencias políticas y sociales:
era una guerra dirigida en buena parte por los campesinos atados a las lealtades partidistas, pero también por campesinos que habían luchado independientemente por la tierra en décadas anteriores, por líderes populares que habían tenido experiencia revolucionaria como la del 9 de abril en calidad de alcaldes, miembros de juntas, de milicias, por policías desertores o destituidos, por luchadores rasos que se habían ganado el respeto y la admiración en el curso mismo del combate; por emigrantes, por arrieros y, eventualmente, aunque en mínima parte, por trabajadores de obras públicas y obreros con alguna experiencia sindical urbana. En suma, por cuadros representativos de una Colombia distinta a la del siglo XIX en la cual la guerra tendía inevitablemente a hacerse popular. (Sánchez, 1989a, p. 142)
A diferencia de las guerrillas del sur del Tolima, dispersas, atomizadas, en permanente confrontación, las guerrillas del Llano crecían numéricamente y se cualificaban políticamente, hasta alcanzar niveles de autonomía que las llevó a confrontar la dirección del Partido Liberal y a tomar la iniciativa en la gestación de un proceso que habría de constituirse en un fenómeno claramente revolucionario.
En agosto de 1952, se realiza en Viotá la “Conferencia de Boyacá” a la que asisten representantes de los frentes guerrilleros más importantes del país; esta asamblea se convierte en “La Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional”; durante las deliberaciones se crea una Comisión Coordinadora Nacional, con el objeto de que se encargue de impulsar las tareas acordadas por la conferencia. Este evento reviste gran importancia en la medida en que allí se expresó la autonomía política alcanzada por el movimiento guerrillero. No obstante, el hecho más sobresaliente lo constituye la práctica legislativa que comienza a impulsarse a través de la estructuración de leyes orgánicas que determinan los parámetros de comportamiento de la vida cívica y militar en un proceso que ya se concibe como revolucionario24. En estos ejercicios “legislativos” comienza a estructurarse un comportamiento que se mantendrá en el desarrollo de la lucha guerrillera de los años siguientes y es el que tiene que ver con el ejercicio del poder de las guerrillas y el rol de “Estado” paralelo, que se reclamarán hacia el futuro.
La primera ley del Llano se proclama el 11 de septiembre de 1952. En ella se organiza la aplicación de la justicia, se enuncian las funciones que deben cumplir los jefes civiles y militares, los comisarios y los agentes de orden público; se determinan los delitos contra la revolución; se consagran los garantías individuales; se instituyen las prácticas de trabajo comunitario; se imponen límites y condiciones al uso de la tierra; se establecen granjas y colonias por cuenta propia de la revolución