Ejército de Liberación Nacional (ELN). Historia de las ideas políticas (1958-2018). Carlos Medina Gallego
ideológica que se viene operando en el movimiento guerrillero del Llano25.
Durante los primeros meses de 1953 se producen importantes avances en lo político y organizativo de la guerrilla liberal llanera. Durante este periodo se redactó, bajo la concepción del abogado José Alvear Restrepo – “el más notable ideólogo de la resistencia llanera” como se le ha denominado por alguno de los autores citados (Sánchez y Meertens, 1983)–, la segunda Ley del Llano, conocida como “La Ley que organiza la revolución en los Llanos Orientales de Colombia” (Franco Isaza, 1955); esta debía ser sancionada el 18 de junio de 1953 por una Asamblea Guerrillera. La importancia de este documento de 224 artículos consiste en el hecho de concebir la revolución como un movimiento popular de liberación, encaminado a conseguir la instauración de un gobierno democrático y popular. Para ello, la ley establece un ordenamiento jerárquico para la conducción del proceso: define los criterios políticos, económicos y judiciales a través de los cuales se ha de guiar la sociedad durante la lucha revolucionaria; se trazan las líneas generales de una economía de guerra, en lo concerniente al trabajo, la propiedad, la producción y la distribución; se regulan las relaciones entre las fuerzas armadas revolucionarias y la población no combatiente; se establece un criterio educativo según el cual se subordinan las armas a la político y se concibe la instrucción revolucionaria como parte de las labores cotidianas; se legisla sobre el matrimonio civil, la legitimidad de todos los hijos, la igualdad de la mujer ante el hombre, la protección de la población indígena contra los abusos de los terratenientes y colonos, el respeto a la vida, honra y bienes de los conservadores en tierras invadidas, la prohibición de la práctica de tierra arrasada.
La dirigencia del Movimiento Revolucionario Llanero tenía clara conciencia de que la consolidación y el desarrollo de su proyecto dependía del desarrollo nacional del movimiento revolucionario y de su posibilidad efectiva de articulación en un solo proyecto. Es en este sentido que se determina que una de las funciones asignadas al Estado Mayor consiste en: “dirigir las relaciones del Llano con las demás guerrillas y grupos revolucionarios tanto de Colombia como de otros países, y procurar la unión y la cooperación con ellos en todo lo posible” (Sánchez, 1989a, pp. 148-149).
Después de la Asamblea de junio de 1953, los cosas comenzaron a definirse por distintos caminos. Mientras el movimiento guerrillero consideraba necesario elevar el proyecto de la segunda ley del Llano a la categoría de programa de la revolución nacional, y entregar la conducción militar de la lucha revolucionaria a la jefatura de Guadalupe Salcedo, sectores políticos de los partidos Liberal y Conservador en estrecha unión con los gremios económicos (terratenientes, ganaderos, comerciantes e industriales) –profundamente conmocionados por el impacto demoledor de la violencia en el que se estaban consumiendo no solamente las propiedades de los medianos y pequeños campesinos, sino también los bienes de algunos sectores de las clases dominantes que sentían que la agitación social amenazaba con sacudir de raíz las estructuras del orden tradicional–, se dieron a la tarea de madurar y colocar en marcha una salida de emergencia en la que un golpe militar se convertirá en esperanza de salvación para los colombianos y el comienzo de un proceso de pacificación que terminará, supuestamente, con el bienestar general y la concordia entre los ciudadanos. El 13 de junio de 1953 se produce el golpe que coloca en el poder al general Gustavo Rojas Pinilla (Sánchez, 1989b)26.
Tres hechos permitieron que madurara en la mentalidad de la clase política la necesidad de colocar un militar en el poder, a través de lo que posteriormente se llamaría un “golpe de opinión”. Primero, las transformaciones que se venían produciendo en las estructuras de propiedad agraria como consecuencia de las dinámicas de expropiación, venta forzada y abandono de la tierra; estas produjeron concentración de riqueza, empobrecimiento prematuro y migración, a la vez que transformaron (fortaleciendo) prácticas laborales que en condiciones normales se habían sostenido como relaciones marginales o complementarias: “[t]ierras baratas y salarios rurales altos, como precio de la inseguridad, constituían un binomio que sin lugar a dudas debían desalentar tanto a los terratenientes como a los inversionistas de mentalidad capitalista” (Sánchez, 1989b, p. 150). Segundo, la separación de hecho entre la dirección nacional del Partido Liberal y el Movimiento Guerrillero que veía que sus intereses cada vez entraban más en contradicción con los de sus jefes en la capital, quienes se negaban a encabezar la revuelta, pero se disponían en lo posible a beneficiarse de ello. Tercero, el crecimiento cuantitativo y cualitativo del movimiento guerrillero y su evolución cada vez mayor, de una táctica de autodefensa a una ofensiva enmarcada en un proyecto político de mayor alcance que el ofrecido por los liberales, e incluso por los comunistas, que se fue formando como resultado natural de la maduración de la lucha guerrillera.
En síntesis, con el ascenso de Rojas al poder se trataba de ponerle freno a un proceso en el que se había ido gestando una nueva nación, un nuevo país y un nuevo Estado, distinto al que los intereses de las clases dominantes encontraban como legítimo. Con el lema de “Paz, justicia y libertad”, Rojas inicia el proceso de reconstrucción del país recibido en medio de una crisis social y política profunda, cercado por la violencia generalizada, el terror y el caos absoluto, por un lado, y por el otro, por una bien estructurada insurgencia armada que crecía a pasos acelerados. En estas condiciones la tarea inmediata del gobierno militar no fue otra que la de entrar a controlar el terror y la anarquía existente, desarticular la guerrilla en crecimiento y reconstruir las zonas afectadas por la violencia. El discurso de la reconciliación se puso de moda al son del lema del Gobierno: “La patria por encima de los partidos”. Los directorios políticos, los gremios, la Iglesia y la prensa se colocaron al servicio de la labor emprendida por el general Rojas Pinilla y pronto comenzó a sentirse una atmósfera distinta que llenaba de esperanza a sectores sociales que habían sido duramente golpeados por la violencia.
Una estrategia predominantemente política empleó Rojas para conseguir el objetivo de desarmar y desmovilizar el movimiento guerrillero liberal: primero, ofreció una amnistía general e incondicional, con la promesa de ofrecer garantías para quienes depusieran las armas; segundo, ordenó la suspensión de las operaciones militares en las zonas de dominio y presencia guerrillera; tercero, les reconoció a los insurgentes su condición de fuerzas rebeldes y beligerantes en capacidad de negociar con el Gobierno. Esta estrategia la acompañó con una amplia labor de propaganda a través de la distribución masiva de hojas volantes, lanzadas desde aviones y helicópteros en las zonas donde estaban los principales frentes guerrilleros.
El gobierno militar logró desmovilizar en cuestión de meses las guerrillas en el Tolima, el territorio Vásquez, Santander, Antioquia y los Llanos Orientales, quedando solamente algunos grupos en regiones de influencia comunista, particularmente en el Sumapaz y el sur del Tolima, que comenzaron a desplazarse hacia zonas de defensa estratégica y apoyo logístico consistente. Ahí lograron refugiarse por algunos años hasta que se transformaran en guerrilla revolucionaria de concepción comunista.
La desmovilización no estuvo exenta de los forcejeos de la negociación, las presiones militares, el incumplimiento y los engaños. Los frentes guerrilleros más organizados colocaron a disposición del Gobierno un pliego de peticiones en el que se reivindicaban garantías elementales como el derecho a la vida y la integridad física; el desarme de los grupos paramilitares de contraguerrilla; el reconocimiento de las condiciones políticas del guerrillero; la libertad para los presos políticos; el levantamiento del estado de sitio; garantías para unas elecciones libres; libertades políticas y sindicales; libertad de expresión hablada y escrita. En lo económico, a través de la negociación se buscaba obtener créditos estatales para la reconstrucción y el uso productivo de la tierra; indemnizaciones para las regiones que habían sufrido la acción destructora de las tropas oficiales; restitución de las propiedades usurpadas a sus antiguos dueños y distribución de tierras a los campesinos basándose en el principio de “la tierra para el que la trabaja”27.
Pasada la primera etapa del gobierno del general Rojas, su administración comenzó a tomar el mismo camino de la época del sectarismo político partidista, produciéndose el resurgimiento