Cambio climático y derechos humanos. Elizabeth Salmón
de permitir al público tomar medidas para prevenir o limitar los daños eventuales que estén en posesión de una autoridad pública se difundan inmediatamente y sin demora a las personas que puedan resultar afectadas.
[…]
2. Cada Parte procurará que, en el marco de la legislación nacional, las autoridades públicas pongan las informaciones sobre el medio ambiente a disposición del público de manera transparente y que esas informaciones sean realmente accesibles […].45
Sobre este punto, en el caso Tătar vs. Romania46 de 2009, el TEDH afirmó que los Estados tenían la obligación de analizar y difundir en la población la información sobre los riesgos asociados con la actividad minera, en tanto esta significara un serio riesgo para la salud y el bienestar de las personas. Además, el Tribunal argumentó que, aunque no se había probado la causalidad directa, el riesgo grave era suficiente para originar la obligación a cargo del Estado.47
Por su parte, la Corte IDH ha acogido una línea similar en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile de 2006. En dicho caso, el señor Marcel Claude Reyes solicitó al Estado de Chile información sobre un proyecto de industrialización forestal, solicitud que le fue denegada. La Corte IDH estimó que «[…] el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas […]».48
Es decir, un Estado debe hacer pública y de fácil acceso la información sobre las medidas que está tomando para contrarrestar los efectos del cambio climático, y si tiene información respecto a los riesgos asociados al cambio climático, también debería hacerla accesible a la población (Pedersen, 2011, p. 17). Sin embargo, en el mismo caso, se establece que existen ciertas restricciones a este derecho:
En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse «por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas». […]
En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención permite que se realicen restricciones necesarias para asegurar «el respeto a los derechos o a la reputación de los demás» o «la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas».
Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. […].49
Por otro lado, aunque no llegó a emitir un fallo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tuvo la oportunidad de conocer el caso Aspersiones aéreas con herbicida (Ecuador c. Colombia) en 2008,50 relativo a la fumigación con herbicida por parte de Colombia para erradicar los cultivos de drogas a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador. Este último alegó que las acciones de Colombia habían causado contaminación transfronteriza y daños significativos a su territorio, incluidos daños a los pueblos indígenas (Embajada de Ecuador en Países Bajos, 2008, párr. 26). Si bien el caso no se refiere al cambio climático, resulta interesante un argumento vertido por el Estado demandante: al no preparar un estudio de impacto ambiental transfronterizo y proporcionar la información pertinente a Ecuador y su población, especialmente a las comunidades indígenas, Colombia habría violado sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluidos varios tratados de derechos humanos (Atapattu, 2018, p. 255).
Finalmente, hay una serie de casos en los sistemas jurídicos nacionales y regionales para hacer cumplir los derechos humanos en el contexto del cambio climático (véase, por ejemplo, Watt-Cloutier de 2005; Leghari vs. Pakistán de 2015; Fundación Urgenda vs. Países Bajos de 2015; Greenpeace Noruega y otros vs. Noruega de 2018). Aunque no todos los casos han sido exitosos, el resultado favorable para los demandantes, en casos como Leghari vs. Pakistán y Urgenda vs. Países Bajos de 2015, quizá signifique una aceptación cada vez mayor por parte de los tribunales de que los principios de derechos humanos se aplican a las acciones de cambio climático y la disposición a responsabilizar a los Gobiernos por sus obligaciones de derechos humanos (Lewis, 2018, p. 172).
5. Ventajas y dificultades de incluir el marco teórico de los derechos humanos en la lucha contra el cambio climático
A lo largo de este libro, se hace el ejercicio de identificar las oportunidades que brinda un enfoque de derechos humanos para evaluar adecuadamente los impactos del cambio climático (por ejemplo, a partir del derecho a la salud, a la alimentación adecuada, a la vivienda adecuada, entre otros). Ahora de lo que se trata es de analizar las oportunidades y desventajas de usar el enfoque teórico de los derechos humanos en el abordaje del cambio climático.
5.1. Identificación precisa de los efectos del cambio climático en el ámbito de «lo humano»
Sin postular una visión antropocéntrica del derecho ambiental, creemos que una perspectiva de derechos humanos precisa las consecuencias del cambio climático y fortalece el marco normativo que lo regula. En primer lugar, una perspectiva de derechos humanos aborda el tema de las consecuencias de la degradación del medio ambiente sobre la vida, propiedad, salud, privacidad y demás derechos que les corresponden a los seres humanos. En este sentido, permite identificar las consecuencias concretas que tendrá el cambio climático en la vida de las personas. Además, el enfoque de derechos humanos fomenta el imperio de la ley en cuestiones de gobernanza ambiental. Al afirmar que el manejo del problema ambiental se condice con la lógica de los derechos humanos, se ofrecen parámetros para desarrollar las políticas ambientales que los Estados deben implementar. Finalmente, la perspectiva de derechos humanos puede dar mayor importancia a la protección del ambiente como un derecho humano (Boer y Boyle, 2014, p. 11).
En este orden de ideas, como afirman Boer y Boyle, hay tres formas de enfocar la relación entre derechos humanos y medio ambiente: observar el medio ambiente como requisito para el disfrute de los derechos humanos, entender los derechos humanos como herramientas para abordar los temas ambientales, y, finalmente, integrar los derechos humanos y el derecho al medio ambiente bajo la noción de derecho al desarrollo sostenible (2014, p. 12).
5.2. Incrementa la legitimidad y vocería de las protestas
Atapattu señala un elemento de primer orden para entender la dimensión del tema. En efecto, las víctimas del cambio climático pueden buscar la reparación y brindar una cara humana al problema en lugar de centrar la atención en una entidad abstracta como el medio ambiente (Atapattu, 2016, pp. 49-50). Esto además propende a ampliar el espectro de los actores involucrados, principalmente organismos no gubernamentales, que incluyen el tema en sus agendas y le dan voz y dinamismo al problema. Asimismo, asociados a la defensa de los derechos humanos pueden llamar la atención sobre el problema e influir en las negociaciones a nivel internacional (Atapattu, 2016, pp. 49-50). En el caso concreto del derecho a un medio ambiente sano, si bien este derecho ha sido reconocido en varios instrumentos regionales, así como constituciones y legislación interna, en la mayoría de estos, sin embargo, no es justiciable (Knox y Pejan, 2018, p. 7). A pesar de ello, hay excepciones como el caso africano, y ahora el caso interamericano, que pueden llevar a la judicialización del cambio climático en instancias internacionales con un efecto positivo en la protección del medio ambiente. Esto se puede evidenciar en la legitimidad que otorga este enfoque para judicializar casos, así como en la coherencia normativa entre las obligaciones de derechos humanos y la protección del medio ambiente.
Por último, si bien existen los inconvenientes que se señalarán a continuación, el marco de derechos humanos se está convirtiendo en una herramienta cada vez más popular en relación con los problemas ambientales (Atapattu, 2016, p. 50).
5.3. Las limitaciones del marco teórico de los derechos humanos frente a la complejidad