La niñez desviada. Claudia Freidenraij
cobró vida esa “niñez desviada”.
Ahora bien, ¿cómo se tramitó esa criminalización en una época en la que no existía un fuero judicial específico para los menores? Y, por otra parte, ¿la ausencia de un fuero judicial específico supone la inexistencia de una justicia de menores? Entiendo que no. Este libro es, en cierto modo, un libro de historia de la justicia de menores antes de la justicia de menores. En parte como resultado de las características del archivo con que trabajé, se ofrece un esquema de interpretación que privilegia la observación del funcionamiento de una justicia de menores más administrativa: la que ejercen los defensores, los policías y los penitenciaristas.
Esta justicia de menores comprometía a la policía que levantaba a los niños de la calle; a la burocracia más estrecha de la comisaría que resolvía si la detención sería efímera y no dejaría rastro escrito o si ameritaba el inicio del trámite administrativo. Muchas veces ese trámite involucraba a los defensores de menores, que intervenían en el destino del niño en cuestión. El sistema de justicia a la vez envolvía a quienes administraban el establecimiento en el que el menor purgaba una condena que, por la lentitud del procedimiento judicial y la poca cuantía de las penas, frecuentemente llegaba cuando el tiempo pasado en el encierro ya la había rebasado. Se trata, por lo tanto, de una justicia de menores en un sentido amplio la que me interesa escudriñar, que extiende sus dominios fuera de la letra de la ley y del ámbito del juzgado; una justicia que incluye tanto la producción de la norma a un nivel capilar como las condiciones históricas de secuestro institucional de menores; una justicia que abarca tanto el proceso de construcción de la burocracia penal, penitenciaria, judicial y administrativa como los choques, los conflictos y las negociaciones entre sus agentes. Una historia de la justicia de menores en sentido amplio.
2. La edad como categoría de análisis histórico: el sujeto en cuestión
Las investigaciones de las ciencias sociales, desde la década de 1960 para acá, han demostrado que la infancia es una categoría histórica, social y cultural (Ariès, 1987 [1960]; De Mause, 1994 [1976]; Donzelot, 2008 [1977]; Flandrin, 1979 [1977]; Pollock, 1990 [1983]; Stone, 1989 [1977]; Gélis, 1990; Cunningham, 1995). La historicidad de la infancia implica que, lejos de limitarse a referir a un período biológico de la vida de todos los seres humanos, en cada cultura y en cada momento histórico ha recibido definiciones y ha sido depositaria de valores muy diferentes. Imbuida de presupuestos y sentidos culturales y sociales, las categorías de edad (y las percepciones a ellas asociadas) no son naturales, sino que resultan constructos sociales que han cambiado a lo largo del tiempo. Esto supone la imposibilidad de una definición universal de infancia. Incluso se ha sostenido que las definiciones modernas de la infancia no han sido patrimonio simultáneo de las diferentes clases sociales y que su duración estimada tampoco ha sido un patrón extendido de forma homogénea (Stagno, 2008).
Como categoría de análisis histórico, la edad es un concepto con significados múltiples. En el transcurso del siglo XX se convirtió en un marcador cronológico clave que organizó expectativas, metas, obligaciones y deseos de los individuos, asociándola a desarrollos cognitivos, emocionales y psicológicos diferenciales (Mintz, 2008). Pero esto no siempre fue así. Quizá como nunca antes en la historia, la edad se impuso durante el siglo XX como categoría organizadora de la vida social vinculando con ella todo un sistema de jerarquías y derechos, que habilitaba a su vez consecuencias legales diferenciales. Si pensamos cómo se produjo ese proceso en nuestro país, podemos advertir que no siempre la edad fue la bisagra que delimitó el ingreso al sistema escolar o el enrolamiento en las fuerzas armadas como sí se instituyó desde 1884 y 1901, respectivamente, por poner solo un par de ejemplos.
No obstante, en nuestro período de estudio las categorías etarias eran todavía difusas, en la medida en que se estaba desenvolviendo un proceso de definición y especificación de las atribuciones y características de la infancia en oposición a la adultez. Así, la edad como categoría de análisis histórico desafía nuestras ideas acerca de qué es un niño y un joven, al tiempo que invita a desnaturalizar los significados, presupuestos y representaciones que les son socialmente atribuidos. Al mismo tiempo, es importante señalar que las dificultades para definir el rango etario que definen tanto la “niñez” como la “adolescencia” –como construcciones relativamente recientes definidas históricamente con relación a la adultez– han estado presente como parte de las reflexiones que alimentaron este libro.
Me interesa, en este sentido, retomar las reflexiones de Sandra Carli respecto de que estudiar la infancia implica pensarla en sus relaciones con el mundo adulto. Dado que la infancia es una construcción histórica fuertemente atravesada por el poder, las infancias se desarrollan siempre en el marco de relaciones “contingentes” y “asimétricas”. Se trata de vínculos asimétricos marcados por la verticalidad y la subordinación de parte de los niños respecto de los adultos. La contingencia de esas relaciones radica en que “no son necesarias, aunque pretendan ser «naturalizadas» desde distintas posiciones” (Carli, 2002: 28). Estudiar la infancia tutelada, entonces, implica llevar al extremo este planteo: si todo lazo entre niños y adultos es asimétrico, las relaciones que se entablan con la infancia pobre lo son doblemente. A la desigual vinculación en clave etaria se superpone la asimetría de clase que distancia a los administradores de esa infancia de la infancia misma. Dicho esto, me interesa señalar que aquí la interrogación sobre las interacciones de esa niñez desviada con el mundo que la rodeaba es central, en la medida en que se busca aprehender la infancia de las clases trabajadoras en su interacción con la policía, los defensores de menores y los administradores penitenciarios, tres de las caras que asumió el Estado para esos chicos.
A lo largo de las páginas que siguen se recuperan ciertas voces nativas que los contemporáneos empleaban para denominar a esta “niñez desviada”: menores, purretes, pilluelos, muchachitos eran los sujetos que cabían en ese universo infantil desviado del orden doméstico que estaba instituyéndose (Cosse, 2005). Sin embargo, no eran términos neutros, sino que suponían una valoración de las condiciones en que esa niñez se desenvolvía: la expresión “infancia abandonada y delincuente” remite a las carencias morales y materiales que caracterizarían existencias precarias, marginadas y estigmatizadas.
Junto con esa categoría nativa, convivió la de menor, ambas usualmente utilizadas de forma intercambiable. La historiografía de la infancia en la Argentina ha retomado la noción de “menor” para dar cuenta de la constitución binaria de la niñez a fines del siglo XIX, que ha sido pensada bajo una matriz interpretativa que reconocía la existencia diferenciada de “niños” y “menores” (Carli, 1992, 2002; Zapiola, 2007b). Esta interpretación supone la emergencia de dos identidades infantiles ligadas a sendos circuitos institucionales que reflejan la fragmentación social de la niñez en el cambio de siglo. Si los niños nacieron como parte de un ideal de infancia (queridos, escolarizados, contenidos por una familia, protegidos y cuidados por el mundo adulto), los menores estarían encarnados por aquellos que no encajaban en este modelo: los que trabajaban sin vigilancia adulta, los que se hacían la rabona y deambulaban por las calles, los que delinquían o transgredían normas de diverso calibre, los que (con familia o sin ella) se sustraían a la autoridad de los adultos de manera esporádica o permanente. Peligrosos y, a la vez, en peligro, los menores se volvieron objeto de intervención estatal justamente por “desviarse” de la vida considerada apropiada para su edad y no cuadrar en esa idea de infancia que estaba en plena construcción. Como procuraremos demostrar a lo largo de este libro, la laxitud implícita en la noción de menor potencia su alcance, la vuelve socialmente plástica; policial y jurídicamente práctica y extensible a grandes poblaciones infantiles, en la medida en que toda la infancia urbana pobre era un sujeto minorizable.
¿Quiénes eran los niños calificados como delincuentes a caballo de los siglos XIX y XX? ¿Qué sujetos participan de aquello que los documentos enuncian como “delincuencia precoz”? Estas preguntas nos invitan a pensar cómo la edad, la clase y el género se entrelazan y configuran los contornos del sujeto que protagoniza este libro.
Respecto de la edad, es importante advertir la multiplicidad de criterios demarcadores que, acorde con lo cronológico, encontramos en los documentos de la época (ver un mayor desarrollo de esta cuestión en Freidenraij,