Multitrauma y maltrato infantil: evaluación e intervención. Miguel Eduardo Barrios Acosta
(Mustard, 2006).
Los esquemas de intervención de los servicios de protección infantil a nivel macro se guían por cuatro pasos: 1) evaluación; 2) procesos de intervención; 3) criterios de salida, e 4) indicadores de seguimiento. Desde el punto de vista individual, dentro del manejo de los casos existen algunos principios y apoyos generales que ordenan la acción y contemplan: a) la seguridad del niño y el soporte a las familias; b) la promoción del desarrollo de los niños y sus familias; c) intentar la permanencia del niños con su núcleo familiar; d) los recursos de soporte comunitarios a las familias; e) los servicios centrados en las familias; e) intervenciones coherentes con los contextos culturales de las familias; f) sistemas informáticos amplios e interconectados de seguimiento y evaluación; g) la coordinación de los planes programas y acciones entre los distintos sectores e instituciones implicadas en la respuesta, y h) la creación de un lenguaje común y protocolos de manejo consensuados (DiLorenzo, 2005).
Existen grandes brechas entre la formulación de unos principios generales de trabajo y la puesta en práctica de estos, así como en los niveles de avances hechos sobre aquellos por los distintos países. Según el autor, probablemente los retos más significativos que se deben superar en los países latinoamericanos incluyen las dificultades para articular el trabajo entre los sectores y la carencia de guías y protocolos construidos y acordados colectivamente.
Dentro de los procesos macro en cuanto a la evaluación que deben hacer los servicios de protección, se propone analizar los siguientes tres niveles: 1) las características de las propias agencias e instituciones articuladas en la respuesta, que incluye, entre otras, el análisis de la filosofía y dinámicas de trabajo, los recursos y personas disponibles, los procesos de supervisión y seguimiento; 2) las comunidades locales donde viven las familias, y 3) las características del niño y sus familias donde se examinan condiciones socioeconómicas, demográficas, nivel del abuso, calidad de las relaciones familiares (este será un punto central de uno de los capítulos de este texto). Los procesos de intervención incluyen la atención individual establecida según el protocolo de manejo de casos, que contempla el plan de tratamiento y los servicios requeridos, así como los servicios comunitarios disponibles. La participación de la familia, el conocimiento de la red de recursos comunitarios e institucionales disponibles, la adherencia a los servicios y el plan de tratamiento establecido y, más importante, la apropiación de aprendizajes y fortalezas forman parte de los elementos contenidos dentro de los criterios de salida. En cuanto a los indicadores de seguimiento, los más significativos son la garantía de la seguridad y el adecuado desarrollo del niño, la mejora de la funcionalidad de la familia, la permanencia del niño con su familia si es posible, la estabilidad de los núcleos familiares, la tasa de reunificación familiar dentro de 12 meses, la recurrencia del maltrato, el porcentaje de niños separados de la familia, la tasa de reingreso a las instituciones de protección y la cantidad de niños adoptados dentro de 24 meses (DiLorenzo, 2005).
La revisión detallada de los anteriores procesos notifica que en general existen pocas evaluaciones científicas que correlacionen las evaluaciones, síntomas, diagnósticos e intervenciones con el seguimiento. En otras palabras, aún falta mucho por conocerse y probarse con relación a la efectividad de los abordajes realizados, especialmente con base en seguimientos a largo plazo. De hecho, falta consenso en cuanto a los indicadores de seguimiento que deben usarse (DiLorenzo, 2005). En Colombia, históricamente los servicios de protección infantil han carecido de procesos de evaluación para realizar diagnósticos médicos y de la salud mental de los niños víctimas de maltrato infantil y con frecuencia la intervención se ha realizado bajo preceptos genéricos, en particular en los niños que se encuentran institucionalizados. En nuestro medio como en otros entornos, algunas veces las intervenciones se hacen con base en los recursos disponibles en vez de los que se requieren, ya sea porque no se realizan diagnósticos o porque no se cuenta con los recursos necesarios (DiLorenzo, 2005).
De igual modo, la fragmentación de los servicios ofrecidos a los niños y a sus familias implica la visita a múltiples agencias para intentar resolver los diversos problemas resultantes del MI. Esto es particularmente crítico para las familias más pobres, ya que condiciona a que un adulto deba encargarse de los trámites y el acompañamiento al niño, limitándose la génesis de ingresos económicos que eventualmente pueden aportar dichas personas. También, se resalta que las intervenciones que se realizan son complejas en cuanto a que pretenden remediar y corregir dinámicas sociales y familiares enredadas y con frecuencias confusas e ininteligibles. El tiempo ideal de acompañamiento debe ser de entre 3-5 años para lograr cambios significativos en los comportamientos (DiLorenzo, 2005). Por supuesto, actualmente en el ámbito latinoamericano no es posible realizar ese tipo de seguimiento.
Otros aspectos críticos en América Latina son la escasa formación que los profesionales responsables de la respuesta al MI reciben en sus currículos de estudio y los escasos programas de posgrado en el tema. Por esto, es común que la capacitación sea empírica en el tema, por lo que se asumen los cargos con escasa o nula preparación previa y el aprendizaje se produce a partir de los colegas y el manejo institucional. Al mismo tiempo, hay pocos estímulos para que el trabajador mejore sus niveles de instrucción y destreza, por falta de políticas institucionales, por sobrecarga laboral o por limitaciones de tiempo.
Los tipos de contratos laborales dentro de los sistemas de protección infantil condicionan altas tasas de movilidad. Son pocos los empleos plenos: los contratos son a término fijo y por corto tiempo (incluso de 3 o 6 meses), con altas probabilidades de discontinuidad y con remuneraciones bajas. Todo lo anterior aumenta la probabilidad del recambio y con ello la pérdida de los procesos de formación, cuando se han hecho, y la experiencia adquirida.
En algunos países, la expulsión de los adolescentes de las instituciones pertenecientes al sistema de protección por cumplir la mayoría de edad es otra situación preocupante. En este medio, las tasas de adopción de niños preadolescentes o adolescentes que han sido declarados en condición de adoptabilidad son muy bajas. Así, una alta proporción de estos se convierten en «hijos del sistema»; sin embargo, son pocos los planes a largo plazo que garantizan vivienda, alimentación, educación y empleo para estos niños. Por eso, la posibilidad para este grupo de ingresar al mundo de la marginalidad social, incluida la delincuencia y el consumo problemático de sustancias psicoactivas, es significativo.
Las consecuencias del maltrato infantil en términos de costos económicos directos e indirectos, así como las secuelas sobre el desarrollo individual y social, hacen que esta problemática sea prioritaria dentro de las agendas actuales de la protección social, la salud pública y la justicia. Las posibilidades de agencia e intervención en las regiones dependen de determinantes económicos, políticos, históricos, sociales, culturales, institucionales y conceptuales, entre otros. El camino presentado sobre la historia y el desarrollo de los programas de atención al maltrato infantil sirve al cierre del capítulo para contemplar algunos elementos que se visualizan como posibles dificultades para avanzar al respecto.
Los aprendizajes y progresos hechos en algunos países sirven como ejemplo y esperanza para soñar que las realidades asociadas con el MI se pueden transformar. Los avances que se hagan van a depender de muchas dinámicas, pero la presencia y agencia de personas líderes y comprometidas será uno de los elementos determinantes para el cambio. Estos sujetos tendrán que luchar para posicionar una agenda política de larga duración que trascienda las políticas de gobierno y se instaure como una política de Estado, con todas sus implicaciones. Es decir, la garantía de una inversión constante y significativa de recursos económicos y la trasformación legislativa e institucional donde sea necesario.
Así mismo, se deben promover reformas sociales básicas que faciliten la seguridad integral de las familias; fortalecer el posicionamiento y garantía de los lineamientos y acuerdos internacionales, específicamente los relacionados con los derechos del niño; pensar y planear estratégicamente; lograr la acción y coordinación intersectorial e interinstitucional; mejorar los vacíos existentes de conocimiento sobre el MI; promover un reformismo serio, con base en ejercicios de análisis reflexivos, orientados a un mejor futuro; transformar y/o mejorar la institucionalidad; mejorar el papel y la intervención del sector médico; mejorar la estabilidad y condiciones laborales de los trabajadores de los sistemas de protección; inducir