Toda ecología es política. Gabriela Merlinsky
también muestran la existencia de otros mundos que se componen de modos diversos, que incorporan lo no humano y su derecho a existir. Esto puede presentarnos un conjunto de alternativas de mundos que antes no habíamos tomado en consideración. Al abordar los conflictos ambientales, que no pueden pensarse como eventos aislados, disruptivos o como el producto de comportamientos desviados, se abren nuevos de espacios de deliberación que pueden inaugurar debates con una repercusión que no se acote a unos pocos actores especializados en el tema.
Debates necesarios sobre la vida en común
Dos conflictos ambientales recientes, que se tratarán en este libro, permiten dar una idea del enfoque que proponemos.
Entre 2010 y 2011, los habitantes de la región de Cajamarca, en Perú, opusieron resistencia al proyecto Conga que, impulsado por la empresa minera Yanacocha, pretendía secar cuatro lagunas y trasvasar sus aguas a reservorios artificiales para así extraer oro subterráneo. Como veremos más extensamente en el capítulo 5, los comités de regantes en su forma tradicional de organización, las rondas campesinas, iniciaron medidas de acción directa a las que luego se sumaron grupos urbanos, un conjunto de organizaciones ambientalistas y otros actores como el Frente de Defensa de Cajamarca. Las actividades económicas en la ciudad de Cajamarca se paralizaron y diferentes controversias se hicieron públicas en las calles, en los controles de la carretera y en enfrentamientos con la policía. Durante esos días, miles de cajamarquinos, hombres y mujeres con sus característicos sombreros, se reunieron en estado de deliberación frente a la laguna El Perol. Carmen Ilizarbe describe con palabras elocuentes ese momento:
La gente rodea la laguna como si quisiera abrazarla, formando un círculo interior que casi la imita mientras se habla, se toman acuerdos y se ocupa masivamente el amplio espacio delante de ella para hacernos ver de frente todo aquello que corre peligro de desaparecer (Ilizarbe, 2011).
A partir de entonces la cuestión ambiental adquirió un carácter prominente en el debate político regional. Luego de varios días de paro e intensas jornadas de protestas que incluyeron represión policial, el proyecto acabó por suspenderse en 2011.
El caso es una referencia para la discusión sobre la minería a cielo abierto en Perú, dado que condensa un momento en que los impactos sociales, ambientales y sanitarios de esta poderosa industria extractiva comenzaron a formar parte del debate nacional. Por más de cien años la minería no había estado en discusión, incluso a pesar de la contaminación que había provocado en sitios como la Oroya; sin embargo, en Cajamarca la cuestión se volvió un problema social en términos de su impacto sobre los acuíferos, los cultivos y el acceso a la tierra. Las controversias y las acciones colectivas fueron cruciales para poner en relación el agua, los modos de vida, las actividades campesinas y el territorio.
El segundo caso que vale la pena examinar se dio en el marco de un conflicto entre la Argentina y Uruguay que se extendió por cinco años en torno a la instalación de dos plantas de celulosa en las márgenes del río Uruguay. En diciembre de 2005 los vecinos de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú expresaron su oposición a través de un corte sobre el puente binacional General San Martín que impidió la circulación terrestre entre ambos países. Las expresiones de rechazo continuaron con medidas muy efectivas como el bloqueo de buques que llevaban materiales para la construcción de las plantas, manifestaciones de docentes y estudiantes con sus uniformes blancos (el llamado “grito blanco”) y, en la Cumbre de Mandatarios de América Latina y Europa realizada en Viena en 2016, el ingreso de manera subrepticia de la reina del carnaval de Gualeguaychú con un cartel que rezaba “No a las papeleras”.
Estas acciones mediáticas alcanzaron la primera plana de los diarios de circulación nacional de los dos países durante más de cuatro años y la cuestión se fue transformando en un diferendo diplomático hasta llegar a convertirse en un conflicto internacional. Todo ello inauguró un sinnúmero de controversias acerca la pertinencia y el cumplimiento de normas jurídicas binacionales, el impacto de determinadas tecnologías sobre la calidad de las aguas del río, el derecho de los vecinos a ser consultados –un reclamo que los ciudadanos de Gualeguaychú retomaron de la legislación europea referida a la “licencia social”–, el rol de las industrias extractivas en el Cono Sur y la ausencia o debilidad de las políticas ambientales en la Argentina. Entre otros efectos institucionales, el caso terminó por consolidarse como el antecedente más importante para la institucionalización de un ministerio del área en nuestro país.
Los dos ejemplos tienen en común el hecho de que produjeron una fuerte desestabilización del sistema político y pusieron en cuestión el papel de diferentes actores institucionales –por acción u omisión– en la gestión del territorio y la preservación de los recursos naturales. Y aun si las demandas no fueron resueltas en su totalidad (las pasteras finalmente se instalaron; en Cajamarca las empresas mineras continuaron con la expansión de su frontera extractiva), estos reclamos representan puntos de inflexión en la trayectoria de diferentes procesos regionales y en la consideración de la cuestión ambiental como un asunto social y político. Se trata de casos testigo que dieron lugar a pedidos de informes, se desarrollaron en los tribunales, fueron y son cajas de resonancia en las arenas mediáticas y generaron cuestionamientos a los modos de hacer de las políticas públicas. A partir de estos momentos efervescentes, el estado de cosas se modificó: estas experiencias habilitaron la validación colectiva de prácticas novedosas, impulsaron rediseños organizacionales e incluso habilitaron la sanción de nuevas disposiciones legales.
Son eventos desestabilizadores porque pueden conducir a una redistribución de las cartas en juego y por esa misma razón representan todo un desafío analítico, dado que para entender estos conflictos es necesario poner en práctica un tipo de sociología que nos permita captar su dimensión performativa. Son casos que llevan a poner el foco sobre problemas del orden social que fueron históricamente invisibilizados y, por eso, una escucha atenta a esos ámbitos de deliberación contribuye a ampliar nuestros marcos de comprensión acerca de diferentes cuestiones sociales como las alternativas al desarrollo, el papel de las formas asamblearias en la construcción de innovaciones democráticas o los impactos acumulativos y de largo plazo de las industrias extractivas.
Los conflictos ambientales como ámbitos de expansión democrática
Un punto clave en nuestro trabajo es tratar de entender de qué manera estos casos son reveladores de un orden preexistente y cómo han contribuido a transformarlo en diferentes momentos institucionales.
Si queremos acercarnos a los conflictos para comprender el modo en que los actores piensan su práctica social será importante evitar una perspectiva normativa que los asimila a un enfrentamiento estéril o un obstáculo para la democracia. Estos abordajes parten del consenso como precondición, pero se trata de un consenso basado en un único punto de vista. Por ejemplo, en ciertos espacios de mediación de conflictos se propone controlar los efectos contaminantes de una industria, pero no es negociable dar de baja la actividad; o se afirma que es necesario controlar el uso de agroquímicos a través de buenas prácticas agrícolas, pero no se acepta discutir su sustitución por métodos agroecológicos. Esta perspectiva normativa que busca el consenso y lo hace a partir de restringir el objeto de deliberación presupone que hay argumentos que tienen criterios de validez intrínsecos –por lo general apoyados en una racionalidad instrumental– que son suficientes como para imponerse a otros enfoques.
Como lo ha señalado Chantal Mouffe (2014), el conflicto reactiva lo político en el espacio público y también funciona como condición de posibilidad de todo proyecto democrático. Dado que no existe sociedad sin exclusión o violencia, los antagonismos son el modo en que se expresan posiciones opuestas; sin embargo, el gran desafío democrático reside en que los conflictos pueden rápidamente devenir en situaciones en las que el adversario pasa a ser considerado un enemigo que no tiene derecho a existir. Una manera de transformar el antagonismo en “agonismo” es la “democracia directa”, que incorpora el conflicto reconociendo la legitimidad de los oponentes en cuanto partícipes de una misma asociación política y que forman parte de un mismo espacio simbólico. La propuesta de Chantal Mouffe vuelve comprensible la postura que sostenemos en este libro: los conflictos ambientales aportan un intercambio de ideas que permite hacer pública y compartida la experiencia de vivir