Toda ecología es política. Gabriela Merlinsky
siendo violentamente reprimidos, en especial allí donde los Estados autoritarios apuntalan su proyecto político en la criminalización de los movimientos indígenas, el acaparamiento de tierras campesinas, el crimen político de mujeres defensoras del entorno natural y líderes ambientalistas. Durante 2018, la organización Global Witness registró los asesinatos de 164 defensores ambientales en todo el mundo, de los cuales más de la mitad ocurrió en América Latina. En México, uno de los países en los que la represión es más persistente, entre diciembre de 2010 y fines de 2018, un total de 440 defensores ambientales fueron agredidos y atacados por parte de empresas e incluso autoridades estatales (Cemda, 2018). Este último dato es consistente con uno de los principales resultados del informe de Global Witness que “ha documentado por primera vez el uso y abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a los defensores, sus familias y comunidades”. En igual sentido, unos cuarenta asesinatos de activistas ambientales en todo el mundo están vinculados a las fuerzas de seguridad del Estado. Además, el informe señala que los indígenas son los que están en la “primera línea de ataque de los sistemas judiciales, las instituciones y las organizaciones que los protegen”.
Estos datos elocuentes nos obligan a reconocer que los espacios de debate sobre la cuestión ambiental representan también muchas veces costosas formas de resistencia –que se pagan con vidas humanas– a las diversas formas de autoritarismo. Si vivimos en una región del mundo en la que los derechos humanos son un espacio central de la construcción de la vida en común y un modo de hacer política plenamente integrado a la sociabilidad y la subjetividad, estas movilizaciones ambientales no pueden quedar afuera de tales reivindicaciones.
Cuestiones de contenido
El libro se organiza en torno a dos grandes líneas de indagación. En primer lugar, presentamos un enfoque para analizar y comprender las características de los conflictos ambientales y el papel que juegan en la construcción social y política de la cuestión ambiental. ¿Qué hace que un conflicto logre atención en diferentes escalas y que incluso consiga resonancia transnacional? ¿Cómo han impactado estas demandas en la opinión pública, en los repertorios de acción colectiva y en las esferas de acción estatal? ¿Cuáles son los temas planteados por estos conflictos que finalmente se inscriben en la agenda pública? ¿Cómo se procesan a nivel institucional estas demandas y cómo se manifiestan en el sistema político?
En el primer capítulo se examinan los cambios globales, regionales y locales que han derivado en una transformación de la manera en que se construye social y políticamente el ambiente. A continuación, el segundo y tercer capítulo presentan casos provenientes de nuestras investigaciones que permiten responder a preguntas teóricas de alcance general así como a indagaciones específicas, y examinar los efectos duraderos de los conflictos ambientales. A través de este análisis se hace posible dar cuenta del modo en que estos conflictos contribuyen a la elaboración de problemas públicos y a la ampliación del debate sobre diferentes cuestiones relacionadas con la preservación ambiental y la protección de los bienes comunes. Nos interesa aprovechar el valor heurístico que tienen estos ejemplos, es decir, su potencial para vincular la situación local concreta con premisas teóricas. En efecto, cada experiencia singular tiene sentido porque nos permite responder a una inquietud, pregunta o problemática que lo excede.
Mostraremos cómo los conflictos ambientales sacan a relucir problemas del orden social que están velados, que han sido históricamente invisibilizados pero que, a su vez, representan momentos importantes para la construcción del debate público (Merlinsky, 2013). Los eventos de Cajamarca permitieron una discusión ejemplar sobre el modelo minero en Perú, y la disputa por las plantas de celulosa en el río Uruguay abrió la puerta de un debate sobre la jerarquía de la cartera ambiental en la Argentina, lo que deja en evidencia que además de los debates hay efectos muy concretos en diferentes ámbitos sociales y políticos. Aquí será importante analizar los cambios en la distribución de competencias entre actores gubernamentales, la influencia que ejerce el conflicto sobre los modelos de gestión territorial, los modelos productivos regionales, la institucionalización de las políticas públicas, así como la incorporación de dispositivos de participación social en la formulación y/o implementación de estas últimas.
En segundo lugar, la exploración de los conflictos continuará en un análisis de las formas simbólicas de expresar la injusticia ambiental, una cuestión que será abordada en los dos últimos capítulos de este libro. En ese sentido, un asunto crucial para nuestro argumento es entender cómo diferentes conflictos ambientales producen consideraciones sobre esa cualidad denominada justicia y qué efectos tiene esto en otros ámbitos sociales. Las definiciones en torno a la justicia ambiental no pueden establecerse a priori a través de principios universales y trascendentes. Por el contrario, es necesario dilucidar de qué modo diversas personas y grupos definen la justicia dentro de un contexto, una historia y un tiempo específicos. Como veremos, hay un arco de definiciones que va desde las visiones que solo consideran el derecho de propiedad y, por lo tanto, niegan la existencia de la justicia ambiental, hasta los enfoques que establecen estrechos lazos entre la justicia ambiental, los derechos de la naturaleza y diferentes formas de existencia de lo común.
Nos interesa abonar a una discusión sobre las teorías de la justicia ambiental y su papel en el reconocimiento o en la invisibilización de las desigualdades socioambientales. Queremos mostrar, siguiendo a otras autoras y autores, como por ejemplo Iris Young, que la justicia no solo es una cuestión de distribución, también es importante el reconocimiento y el modo en que una mayor o menor visibilidad de los cuerpos afectados puede alterar el balance de poder que está en la base de las injusticias.
Un aspecto notable en la construcción social y política de la cuestión ambiental es la elaboración de definiciones de la justicia ambiental generadas “desde abajo”, algo que tiene que ver con producciones de sentido, ecologías de saberes e intensas políticas de conocimiento que, como podremos observar, implican también un nuevo vocabulario.
Para dar cuenta de ello haremos un balance en dos tiempos. En primer lugar, en torno al aporte de los movimientos de justicia ambiental a escala global, para entender cómo han contribuido a hacer visibles las desigualdades socioambientales en diversas regiones del mundo. En segundo lugar, haremos un esfuerzo explícito para entender ciertas especificidades latinoamericanas, una región del mundo en que la naturaleza aparece ante el pensamiento hegemónico global y ante las élites dominantes de la región como un espacio subalterno que puede ser explotado, arrasado, reconfigurado, según las necesidades de los regímenes de acumulación vigentes (Alimonda, 2011: 22).
Está claro que no es posible referirse a las acciones colectivas en América Latina como si los procesos sociohistóricos en cada país se hubieran dado del mismo modo. Por el contrario, las definiciones localizadas de la justicia ambiental guardan diferencias regionales importantes, incluso al interior de cada país. También, las construcciones colectivas que buscan exponer la desigualdad socioambiental se superponen con cuestiones de clase, género y étnicas que son marcadores centrales de las desigualdades en América Latina.
Son los procesos históricos y contextos culturales que hacen tolerables o intolerables diferentes formas de desigualdad los que abonan un terreno propicio para que las definiciones sobre lo justo o lo injusto incorporen aspectos de la cuestión ambiental. Como señala David Harvey, la “justicia” que finalmente se establece está vinculada con las creencias, instituciones y discursos, relaciones sociales y configuraciones de poder prevalecientes en una sociedad determinada. El problema es que, una vez institucionalizado, un sistema de justicia se convierte en una permanencia a la que tienen que enfrentarse todas las facetas del proceso social (Harvey, 1996: 330). En ese sentido, si las definiciones de la justicia ambiental no permean el Estado, las políticas públicas y los discursos hegemónicos, es precisamente porque todavía pervive la idea dominante de que pueblos y naturalezas pueden ser arrasados para servir a los intereses del capital internacional.
Como veremos en detalle, las experiencias de las mujeres que resisten a los daños ambientales en zonas de sacrificio en Chile,[1] los pueblos fumigados en la Argentina, las mujeres defensoras de las lagunas en Perú, los activistas por la preservación de los páramos en Colombia, los guerreros del agua en Cochabamba o los defensores del Parque Tepozteco en México,