Otra Argentina es posible. Néstor Jorge Bolado
el motivo para que nuestra sociedad lo permita y tolere de manera sumisa? No hay una respuesta categórica que lo explique. Es incomprensible. Seguramente este accionar ha sido incorporado de un modo equívoco como una realidad más, inmodificable y aceptable.
Es de destacar que no necesitamos profundizar demasiado en nuestra historia económica para admitir que nuestros gobernantes violaron sucesivamente el principio rector de la confianza en la moneda de curso legal y alteraron las bases sobre las cuales evoluciona la economía en su conjunto y las relaciones entre las partes en particular.
La comprensión de la magnitud de esta realidad se puede sintetizar en una cifra. Desde 1883, año en que se unifica la moneda en el país, hasta 1991, al peso argentino le fueron eliminados trece ceros, seis de ellos bajo gobiernos de facto. Su última modificación fue en junio de 1983, cuando se le quitaron cuatro ceros y en adelante pasó a denominarse peso argentino. Dejemos de lado si acaso hubiera correspondido sacar un cero más, ya que a esa fecha un dólar estadounidense cotizaba en pesos argentinos a 11,50. En noviembre de 1983, antes de comenzar el nuevo período democrático, del presidente Ricardo Alfonsín, el dólar ya cotizaba a 24,15 pesos argentinos. Posteriormente, desde diciembre de 1983 a septiembre de 2020 y siempre en democracia, la inflación acumulada, que expresa la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, excede toda lógica y razonabilidad. Esto se ve reflejado en que a nuestra moneda de curso legal y con sucesivas denominaciones, al actual peso se le detrajeron siete ceros más. En otras palabras y como ya se expuso en el cuadro anterior de Indicadores Económicos y Sociales, como consecuencia de decisiones de gobernantes elegidos por voto popular y en democracia, nuestra moneda se devaluó tanto que para poder comprar en la actualidad un producto que cueste 1 peso (una moneda de un peso actual), bien que en realidad pareciera que no existe, harían falta 10.000.000 de pesos argentinos, la moneda de curso legal que circulaba por 1983. Para tener real dimensión de la magnitud de lo que mencionamos, habría que reiterar que estamos hablando de comprar un bien de un valor actual de 1 peso; imaginemos cuál sería la cantidad de dinero necesario en pesos argentinos de 1983 si no se hubieran detraído los siete ceros mencionados y hoy se quisiera comprar un auto o un departamento con ese signo monetario.
Cabe destacar que ya estamos entrando en una etapa en la que, para facilitar la registración de las operaciones, habría que sacarle a nuestra moneda dos ceros más. En efecto, el billete de máxima denominación actual de 1.000 pesos equivale a solo 11,9 dólares según la cotización mayorista del 31 de diciembre de 2020 y un cálculo similar de acuerdo al valor informal o blue, es de 6 dólares.
Sin lugar a duda, acciones o decisiones implementadas por distintos gobiernos fueron las que ocasionaron la inflación descontrolada que ha destruido el valor de nuestra moneda y economía. Por supuesto, es muy notorio que no hay conciencia del daño que ha representado y que lo seguirá haciendo y, peor aún, no hay consenso entre nuestros políticos sobre cuáles son las causas que la originan y cómo erradicarlas.
Se discute si la inflación es un problema de oferta y demanda de dinero (monetario), de desequilibrio fiscal, comercial y de cuenta corriente (estructural), de expectativas negativas sobre el futuro político y económico del país que se transforman en profecías autocumplidas (pérdida de confianza), de anticiparse a controles de precios o eventuales incrementos de costos (preventiva), de ineficiencias productivas, altos costos financieros y precios argentinos en alza (costos), de efectos estadísticos de medición de incrementos de precios anteriores (arrastre) y también de algunas otras cuestiones específicas que podrían tener un grado de identidad propia, pero que en realidad son la resultante de las causas mencionadas. Nos referimos a la emisión monetaria descontrolada, excesiva dependencia del valor del dólar y su utilización como moneda de cuenta o atesoramiento en detrimento de la moneda nacional y su devaluación.
Sin embargo, lo más probable es que, teniendo en cuenta la larga historia inflacionaria de nuestro país y los anticuerpos o actitudes defensivas que desarrolló la sociedad para sobreponerse a ella, sea una combinación de varias o todas las causas a la vez. Mientras tanto, cada presidente de la nación, responsable del área económica o presidente del Banco Central, con su propia teoría, receta o aproximación gradual para resolver el complejo tema, invariablemente fracasa.
Ahora bien, somos expertos en hacer diagnósticos con mayor o menor grado de precisión, pero de ahí a encontrar una solución definitiva, duradera e implementarla, cuando se está en el poder, hay un gran abismo. El problema de la inflación se relativiza, y se termina privilegiando ganar elecciones versus implementar medidas antipopulares, independientemente de que sean el único camino para erradicar la inflación. Frente a esta cuestión, hay que destacar que hay una actitud complaciente y oportunista, siendo muy benévolos en la calificación, de buena parte de los empresarios, los sindicalistas y el Estado. En el corto plazo, todos ellos se benefician. El Estado cobra más impuestos al aumentar la base imponible y los ingresos gravados a la vez que licua sus propios gastos; las empresas incrementan sus precios de venta para recuperar los aumentos de costos y salariales otorgados, y los sindicatos recaudan más en concepto de aportes sindicales y obra social y pueden cobrar sus sueldos y gastos reservados sin dificultad. Mientras tanto, el resto de la sociedad afronta los mayores costos.
Hay que tener en cuenta que la inflación es un efecto, una resultante de una mala gestión, y no una causa en sí misma. Si está claro que a futuro seguir propiciando políticas inflacionarias no tiene ninguna ventaja, sino todo lo contrario, se verán las múltiples desventajas que condicionan nuestro desarrollo y prosperidad.
Se puede concluir que, en relación con la inflación, no habría ninguna posibilidad de ser tolerantes o gradualistas para poder lograr definitivamente su erradicación y volver a la normalidad. La única alternativa viable es una política de shock que en simultáneo vaya contra todas las causas probables que la originan, sin limitaciones ideológicas o académicas.
4. Los costos ocultos y no tan ocultos de nuestros actos
Siempre hay costos implícitos o explícitos detrás de nuestras inconductas o comportamientos errados. Nada es gratuito, y mucho menos en un mundo altamente informatizado como el nuestro. Más tarde o más temprano, pagamos directa o indirectamente por los desaciertos cometidos en la gestión o por nuestro apego al incumplimiento de leyes, normas, acuerdos, contratos, palabra o pautas de convivencia. Sin lugar a dudas, se pueden enumerar una cantidad de circunstancias que ilustrarán mejor esta situación.
Argentina es un defaulteador serial por las diez veces —aunque algunos pueden interpretar que fueron ocho u once— en que desistió de pagar su deuda soberana y los montos involucrados. Normalmente, para justificarlo se le ha atribuido la culpa al acreedor, prestamista o inversor y también a la gestión anterior, sin reconocer complicidades varias. Otro recurso ha sido poner en duda la validez de las acreencias por haber sido dilapidadas y olvidando que nadie nos obligó a pedir esos préstamos, emitir bonos o aceptar condiciones improcedentes. No recordamos que las deudas fueron aprobadas por una ley de presupuesto y/o autorizaciones específicas de nuestros congresales y que, no obstante ello, alguna vez llegaron a aplaudir la decisión del no cumplimiento de esos mismos compromisos legalmente asumidos. Nuestro país es históricamente el mayor exponente como incumplidor de sus obligaciones, en el conjunto de las naciones. Esas quitas de capital y/o intereses, que en principio parecen un beneficio o ganancia, en realidad se pagaron por anticipado e incluso todo parece indicar que se seguirán pagando de las más diversas maneras.
La suba del llamado riesgo país es una de ellas. Básicamente, representa la mayor tasa de interés que hay que aceptar para acceder a un préstamo del exterior, ya sea por el Estado o las empresas privadas. Esa diferencia, de varios puntos porcentuales, es sideral comparada no solo con las tasas en las cuales se endeudan las economías del primer mundo y las asiáticas, sino también varios países vecinos de América Latina. Esta cuestión nos permite concluir que, si cuantificáramos los efectos del diferencial de tasa para un país confiable y serio con la efectivamente pagada por Argentina, sobre la deuda de cada año, dicho valor sería muy superior a las ganancias teóricas que se habrían obtenido por los pagos que no se efectuaron por la deuda repudiada. Adicionalmente, habría que sumar los honorarios de los abogados y asesores, gastos judiciales en distintas jurisdicciones, comisiones de los bancos intervinientes