Otra Argentina es posible. Néstor Jorge Bolado
de vender una empresa.
Cada actor económico puede tener expectativas o apreciaciones distintas de la inflación y la evolución del tipo de cambio en el futuro. En consecuencia, sus decisiones y actitudes defensivas serán diferenciadas y su comportamiento alterará sensiblemente la evolución de la economía, originando asimetrías, transferencias de fondos y ganancias o pérdidas que en condiciones de estabilidad no existirían o serían insignificantes.
Se paga impuesto a las ganancias, sobre resultados que en realidad en buena parte son ficticios, por disímil comportamiento de la inflación sobre precios y costos o del tratamiento arbitrario del ajuste por inflación impositivo cuando correspondiera. Del mismo modo, se grava a voluntad de cada provincia, según sus propios intereses, el impuesto inmobiliario, al modificar la valuación fiscal de los bienes o la tasa de mejoras rurales o similares en el caso de los municipios.
El proceso de adquisición de bienes de mayor valor se dificulta por la variación de precios relativa en sí misma contra otros bienes, o bien en pesos o dólares, más el tiempo a insumir en obtener presupuestos comparables y analizar detalles de la contratación y otros gastos ocultos que se agregan al principal.
Aumenta el riesgo de imponderables, por los montos expuestos a la devaluación de la moneda y a la pérdida de poder adquisitivo que no fueron adecuadamente evaluados y previstos, o bien por las sorpresivas recurrentes crisis, desde que se concreta una venta a plazo hasta que se termina de cobrar y recomponer el stock. Frente a esta incertidumbre, algunos intentarán protegerse con incrementos adicionales de precios que contribuirán a aumentar aún más la inflación.
Las tasas de interés bancarias y financieras activas, es decir, para el crédito, suben descontroladamente para intentar ganarle a la inflación (tasas positivas), o bien se mantienen bajas mediante subsidios del Estado, que lógicamente no son inocuos, porque de alguna forma la sociedad los pagará (tasas negativas) por la vía de más déficit o impuestos, y consecuentemente alteran el valor de los bienes.
Se implementan prácticas indexatorias por los más variados índices, para poder concretar compras y ventas. Muchas veces, los efectos no son neutros, y puede haber consecuencias negativas para alguna o todas las partes. Es el caso de los préstamos con ajustes por unidad de valor adquisitivo (UVA), por coeficiente de estabilización de referencia (CER), por valor del dólar, por índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC y por índice del costo de la construcción de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), o bien distintas tasas de interés o de ajuste y muchos otros más. Con un agravante: en cualquier período que se considere, arrojan variaciones diferentes y, por ende, las consecuencias pueden ser muy perjudiciales.
El poder adquisitivo de salarios y jubilaciones se altera de manera desigual según los sectores involucrados, y su valor real, medido en unidades de bienes a consumir, invariablemente en algún momento se deteriora. Es el resultado de ajustes con diferentes pautas, regímenes o convenios que se pactan y otorgan sobre la base de la capacidad de negociación de las partes y situaciones muy particulares en cada caso, y para las jubilaciones, con base en fórmulas que tienen en cuenta la inflación pasada y la evolución de la remuneración de trabajadores estables. Por razones metodológicas o temporales, estos índices no necesariamente reflejan de un modo correcto la verdadera inflación y, por lo general, llegan con un cierto grado de atraso y la realidad los supera con amplitud.
La tenencia de pesos en efectivo origina pérdidas por exposición a la inflación, es decir, cada día que pasa decrece su poder adquisitivo y permite comprar menos bienes. Por lo tanto, hay una predisposición a desprenderse del efectivo, se desalienta el ahorro, se fomenta el consumo anticipado y se aumenta la velocidad de circulación del dinero en la economía, lo cual genera, a su vez, mayor demanda para igual cantidad de bienes y, en consecuencia, mayor inflación.
La inflación en Argentina termina siempre en devaluación o esta última en inflación, según las circunstancias y el grado de intervención del gobierno. Pero como no hay una correlación total e inmediata, se originan distorsiones en el tipo de cambio y en los precios expresados en dólares, ya sea porque se abaratan o encarecen, y esto puede dar lugar a la alteración de los precios relativos, el incremento del contrabando, los consumos exacerbados de artículos importados, las dificultades para exportar o ganancias y pérdidas financieras de todo tipo.
En épocas de alta inflación, algunos pueden obtener importantes ganancias financieras, ya sea en pesos o dólares, según la ocasión, con muy poco esfuerzo, en perjuicio de las actividades productivas de mayor valor agregado y generación de empleo.
Los proveedores del Estado incrementan sus precios a valores muy superiores a los del mercado para cubrirse del posible atraso en los cobros y la pérdida por exposición a la inflación, originando un mayor gasto público e ineficiencia.
El Banco Central puede incurrir en pérdidas adicionales, ya que muchas veces se intenta anclar o dejar fijo el tipo de cambio manteniéndolo artificialmente bajo, esfuerzo inútil para que su eventual suba no se traslade a precios internos, pues genera más inflación. Por ese motivo, se venden divisas a término a precios irreales, o bien se aumenta la tasa de interés para evitar que depósitos privados remunerados migren hacia el dólar, con el consiguiente perjuicio para el Estado.
Se implementan políticas de control de precios y de congelamiento de tarifas públicas en sus distintas variantes para intentar transitoriamente controlar la inflación. Estas originan siempre reducción de inversiones, desabastecimiento, substitución de productos por otros más caros, disminución de las cantidades en los envases o principios activos de las fórmulas para ficticiamente mantener su valor. Por último, se abandonan los controles y se sinceran los precios a un nivel superior, pero el daño ya está hecho.
La planificación de las decisiones de inversión y consumo futuro a nivel empresarial, y también de los consumidores en general, se vuelve muy azarosa. La incertidumbre en cuanto a la evolución de precios, ingresos, tasa de interés, acceso al crédito y eventual capacidad de ahorro es muy aleatoria.
Resulta muy difícil poder efectuar el control presupuestario de los gastos del Estado y, por ende, evaluar la eficiencia de su gestión. Se compararan partidas presupuestadas mucho antes, con gastos reales efectuados con pesos que tienen distinto poder adquisitivo, como consecuencia de la inflación ocurrida.
El acceso a la financiación de mediano y largo plazo se complica, y resulta más difícil para los bancos asegurarse el fondeo de los depósitos necesarios y, del mismo modo, para los tomadores de préstamos, asumir los riesgos que conllevan las tasas variables o los índices de ajuste.
La rentabilidad de las exportaciones se ve afectada arbitrariamente por la variación del tipo de cambio y por la inflación, que pueden ir por diferentes carriles, incrementando los costos y afectando los resultados y, en ocasiones, el cumplimiento de los contratos. Argentina tiene una larga tradición de incumplimientos de contratos de exportación que nos han hecho perder mercados en manos de países más confiables que nosotros.
Los potenciales inversores del exterior eligen otros países para realizar sus inversiones, en donde no haya riesgos tan elevados de origen macroeconómico, adicionales a la operación normal de los negocios; concretamente, inflación y devaluación. Por consiguiente, el país pierde oportunidades de generar empleos de calidad e incrementar su desarrollo económico.
El sistema previsional sufre un stress adicional para poder preservar el valor de sus inversiones a moneda constante, y el gobierno le captura fondos para su financiación a cambio de papeles sin valor, o con el pago de tasas de interés negativas, originándole importantes pérdidas, en desmedro de las jubilaciones futuras.
La inflación como tal genera una importante pérdida de tiempo y aumento de la conflictividad en las discusiones para determinar los incrementos salariales y de costos de insumos; también caída de producción o menos horas de educación, por medidas de fuerza variadas.
Ahora bien, teniendo en cuenta la cantidad de efectos nocivos que representa para una economía tolerar o propiciar políticas inflacionarias, como se expuso, y más aún cuando la mayoría de los países aborrecen de propiciar prácticas inflacionarias o bien incluso algunas naciones mucho