Otra Argentina es posible. Néstor Jorge Bolado
falta de mantenimiento en los bienes del Estado ocasionó la pérdida de instalaciones, vías férreas, deterioro de rutas, puertos, edificios de todo tipo incluyendo escuelas, colegios y hospitales, Al mismo tiempo, la mala praxis y la falta de control de los organismos pertinentes en algunas actividades dieron lugar a procesos de desertificación, contaminación o subexplotación de recursos naturales como el gas y el petróleo.
Pero el mayor deterioro, y por cierto el más difícil de recomponer, se verifica en los recursos humanos en general y la fuerza laboral en particular. En efecto, en primer lugar se perdió un importante acervo educativo, que se refleja en nuestros jóvenes en la incapacidad de comprender textos, de razonar y resolver problemas matemáticos sencillos, el manejo fluido del castellano y en el aprendizaje de otros idiomas. En segundo lugar, en una parte de nuestra sociedad se abandonó la cultura del trabajo, el esfuerzo y el ahorro como vectores de movilidad social y superación, combinado con una baja resistencia a la frustración. Por último, pero no menos importante, creció la anomia a niveles preocupantes en los diferentes estamentos sociales de nuestro país junto con la ausencia de la idea del bien común. Todo ello, materializado en la inseguridad jurídica y del derecho a la propiedad, el incumplimiento de leyes vigentes, normas de tránsito, evasión de impuestos, cuestiones básicas de convivencia e higiene, cuidado del espacio público y el respeto a la autoridad.
Hay muy pocos países que en la actualidad exhiben peores indicadores que los argentinos. La República Bolivariana de Venezuela, con un derrotero similar al nuestro, aunque agravado, sería el más notorio. Por supuesto que se excluyen a otros países pobres y postergados del mundo, muy diferentes en su origen, problemática y situación actual, incluida alguna guerra civil, que no serían comparables. Se puede mencionar que Alemania y Japón, dos países que soportaron los efectos de la devastadora Segunda Guerra Mundial, se han podido recuperar y hoy ostentan niveles de desarrollo envidiables. Del mismo modo, otros países con serios problemas previos y cuyo nivel de vida creció extraordinariamente, como China, Vietnam, Corea del Sur e incluso Sudáfrica, esta última sobreponiéndose a problemas raciales casi insalvables, también nos han superado ampliamente. Lo más desconcertante aún es que excedemos ampliamente en superficie y recursos naturales y humanos a muchos de ellos, lo cual debería haber constituido una ventaja adicional a nuestro favor.
Probablemente, tuvimos una gran escasez de verdaderos estadistas y líderes, y por otra parte sobraron ineptos, transgresores y corruptos. Aquí corresponde resaltar que de manera indefectible todos ellos surgieron de nuestra compleja sociedad, que en buena parte se hizo permisiva y con un gran desapego al cumplimiento de las leyes. Por consiguiente, y con los resultados obtenidos a la vista, resulta una combinación muy difícil de superar. Va a demandar ingenio y un fuerte compromiso de todos para poder lograrlo.
2. Efectos nocivos de la corrupción
La corrupción política en nuestro país no es un fenómeno reciente. Se remonta a muchos años atrás, sin que se la penalice pese a las sobradas y categóricas pruebas. La cantidad y magnitud de los montos involucrados en un país con tantas necesidades y creciente pobreza es preocupante y obscena. La corrupción se manifiesta en los actos delictivos que cometen políticos y funcionarios, abusando de las facultades delegadas en beneficio propio o de terceros y lógicamente con una necesaria contraparte cómplice o coautoría en la actividad privada y hasta en algún caso algún gobierno extranjero. Hay una larga historia al respecto, y fue en constante aumento, hasta llegar a niveles alarmantes ante la tolerancia de buena parte de la sociedad. Son tristemente célebres los dichos “Roban pero hacen”, “Yo robo para la corona” o “Hay que dejar de robar por dos años” emitidos por la sociedad en su conjunto, un exministro del Interior y un importante sindicalista, respectivamente.
En los distintos estamentos del poder político y de la sociedad, la corrupción ha alcanzado una escala extraordinaria. Si bien no es un fenómeno aislado circunscripto únicamente a nuestro país, se puede asegurar que en nuestro caso su magnitud y sus características tienen consecuencias nefastas.
No hay ninguna duda de que el deterioro que ha sufrido nuestro país en aspectos políticos, institucionales, económicos y sociales, como el 35,5% de pobreza previo a la pandemia, las innumerables muertes originadas por accidentes viales al no disponer de las rutas adecuadas o las víctimas de la delincuencia y del narcotráfico, es la resultante de la generalizada corrupción. En paralelo, se ven inmensos patrimonios logrados por “empresarios” por el solo hecho de ser contratistas privilegiados del Estado, funcionarios, empleados públicos o líderes sindicales que se convierten en millonarios con importantes bienes en el país y en el exterior. En efecto, existen varias fortunas nacionales que tienen un origen al menos sospechoso, documentadas por abundante bibliografía y denuncias judiciales hasta ahora sin condenas.
Hay países en donde realmente se forjan fortunas en tiempos relativamente cortos, pero como consecuencia de adecuadas dosis de investigación, desarrollo, esfuerzo, anticipación y descubrimiento de nuevos mercados. Sus titulares son inversores que asumen el riesgo empresario y, en muchos casos, aportan avances tecnológicos, descubrimientos innovadores, reducciones de costos significativas, nuevos productos o servicios de consumo masivo, que han transformado nuestra forma y calidad de vida.
En nuestro país, pese a la potencialidad intelectual de los recursos humanos y el importante stock de capital acumulado disponible, salvo algunas excepciones, no se verifica una adecuada relación entre inversiones, innovaciones y resultados asociados. Importante mano de obra calificada lamentablemente está desaprovechada y buena parte del capital excedente está fuera del circuito financiero, depositado o invertido en el exterior, o bien se atesora localmente en moneda extranjera, financiando el déficit de otros países. En este contexto, a los verdaderos empresarios nacionales, al igual que a las empresas extranjeras que no quieren incurrir en usos y costumbres improcedentes, les resulta muy difícil operar.
Las tres causas principales de la corrupción en nuestro país parecieran ser las instituciones débiles, la falta de justicia y la tolerancia de la sociedad. Estas causas tienen la característica en común de que se retroalimentan y potencian entre sí, en un círculo vicioso.
La tolerancia o predisposición de la sociedad para con la corrupción y los integrantes de las instituciones permite que estas se debiliten, no ejerzan su cometido y no cumplan sus funciones adecuadamente. Las instituciones no son débiles por sí mismas, sino por las propias carencias de quienes las integran y conducen, con desapego a la ética, los valores y los principios constitucionales, invalidando la división e independencia de los poderes y organismos de contralor. Conjuntamente se observan comportamientos corporativos de clase, bajo la falsa consigna de no debilitar o poner bajo sospecha a una institución. Los ejemplos más notorios se ven en el Congreso, la policía y hasta en la Iglesia. Del mismo modo, si no hay una desaprobación y castigo social posterior a todos aquellos que cometen actos indebidos, ya sea penalizándolos o no, se facilita el crecimiento y la propagación de la corrupción.
Sin duda, cuando la justicia es morosa en determinar la culpabilidad o inocencia de los eventuales corruptos pese a pruebas insoslayables, cuando deja prescribir causas por el mero transcurso del tiempo, emite sentencias absolutorias con intencionalidad política en tiempo récord sin un adecuado análisis y, peor aún, cuando hay sospechas de sobornos recibidos por jueces o fiscales, la corrupción crece impunemente.
Se puede evaluar con una concepción bastante amplia que la esencia humana frente a la posibilidad de incurrir en un delito se manifiesta de tres diferentes formas.
Hay determinados individuos que pueden cometer delitos con total facilidad, que pueden justificar por diversos motivos, internalizar e incluso verlo como un modo de vida corriente. No les interesa cambiar y tampoco les preocupan los riesgos que implica ser descubierto, ir a prisión o sufrir una eventual condena social.
En el otro extremo, existen otros individuos que tienen valores muy arraigados y a los que no se les ocurriría pensar en cometer un delito ya sea por su educación, cultura, formación, principios, etc.
Y en el medio de estas dos opuestas caracterizaciones, hay una gran mayoría de individuos para los cuales, independientemente de su posicionamiento frente al delito, la existencia de una justicia que funcione