Otra Argentina es posible. Néstor Jorge Bolado

       Pobreza e indigencia en niveles alarmantes, con necesidades nutricionales y sanitarias básicas insatisfechas, que afectan principalmente a la niñez y condicionan su desarrollo cognitivo.

       Déficit habitacional, crecimiento de barrios vulnerables, usurpación de tierras fiscales y privadas, afectando el derecho a la propiedad, ante la pasividad del Gobierno y la Justicia.

       Carencia de importantes obras de infraestructura en materia de provisión de servicios públicos básicos, rutas, instalaciones portuarias y deficiencias en su mantenimiento.

       Crecimiento del narcotráfico, la inseguridad y el delito en general; dificultades en controlar fronteras, la plataforma marítima, y de ejercer la soberanía nacional.

       Inmigración no calificada y emigración de calidad en busca de un futuro mejor.

       Pérdida de la ética, de valores y de cultura del trabajo. Apatía por lo público. Condescendencia con la transgresión y corrupción con baja resistencia a la frustración y al esfuerzo.

       Carencias severas de educación y habilidades para insertarse en el circuito laboral formal y productivo. Desconocimiento o negación de la historia política y económica contemporánea argentina e idea arraigada de un Estado benefactor omnipotente.

       Actitud inmadura sobre quién tiene la culpa de nuestras penurias: las corporaciones, los empresarios, la oligarquía, los medios, el campo, Estados Unidos, etc., y estigmatización del esfuerzo, del éxito y su recompensa.

       Anomia. No cumplimiento de las leyes. Incumplimiento de reglas mínimas de convivencia. Prácticas, usos y costumbres negativos muy instalados y falta de respeto a la autoridad.

       Interrupción de gobiernos constitucionales por gobiernos de facto. No se distingue entre gobierno y Estado, y consideran a este un “botín de guerra” para uso discrecional.

       Debilidad de las instituciones democráticas y mal funcionamiento de la división de poderes. Un Poder Legislativo que no cumple su rol o funciona como escribanía del Poder Ejecutivo. Estructura de poder híperpresidencialista y últimamente con falta de credibilidad. Utilización de poderes excepcionales y de emergencia por períodos largos, vulnerando la Constitución. Mal funcionamiento de los organismos de fiscalización y control.

       Ambivalencia en la aplicación y el cumplimiento de leyes y procedimientos según la cercanía al poder o los recursos económicos. Uso de los servicios de inteligencia del Estado para fines políticos. Descalificación a la prensa independiente y a los que piensan diferente.

       Crecimiento desmesurado del sector público y burocratización improductiva. No se brindan adecuadamente las funciones básicas de salud, educación y seguridad y se propicia su tercerización. Asistencia social discrecional, clientelar y que no promueve el desarrollo de las personas. Manipulación de la información estadística y de los actos de gobierno.

       Gobiernos provinciales con características feudales. Federalismo ficticio subordinado a la asistencia financiera del poder central.

       Líderes populistas con ideas anacrónicas y deseos de perpetuarse en el poder. Incumplimiento de leyes e intentos de modificar la Constitución con fines partidarios. Uso de los bienes del Estado en beneficio propio impunemente. Malversación de fondos públicos y sin consecuencias reales. Clientelismo político que fomenta la pobreza y dificulta el acceso a la educación.

       Falta de evaluación de la capacidad, la moral, los antecedentes y la idoneidad de quienes deben ocupar cargos públicos de importancia. Candidatos designados sin participación de la ciudadanía u órganos partidarios. Candidaturas testimoniales para elecciones. Nepotismo exacerbado. Imagen negativa elevada de muchos políticos y funcionarios que invariablemente son pésimos administradores.

       Política y actividad sindical como factor de enriquecimiento personal. Designaciones de funcionarios y empleados que no cumplen los requisitos para la posición, sin experiencia y sueldos elevados fuera de toda lógica. Cargos vitalicios y de familiares en distintos organismos del Estado y sindicatos.

       Excesiva fragmentación en partidos y minorías ocasionales. Congresales elegidos por un partido que luego se independizan o pasan a otras fuerzas. Alianzas al solo efecto de ganar elecciones o impedir que las gane otro, con serias diferencias internas y cambios en fechas de elecciones acomodaticios y arbitrarios.

       Comportamiento corporativo aun en decisiones contrarias a los intereses de la nación. Gatopardismo a distintos niveles. Designación de autoridades de contralor demoradas para evadir su efectividad. Importantes cargos ocupados por exfuncionarios procesados. Dificultad en obtener consensos. Falta de interés en el bienestar común de la sociedad.

       Discrecionalidad en la utilización de fondos públicos para coaptar, forzar y domesticar a las provincias, para que apoyen iniciativas del Poder Ejecutivo.

       Devaluación de la palabra y de ideales. Se da información incorrecta, amañada, en discursos, entrevistas o comunicados con total liviandad sin ninguna consecuencia. Alteración de la historia con fines ideológicos y excesiva victimización.

       Política internacional pendular y poco confiable. Embajadores políticos en exceso, en lugares de importancia, y algunos no aptos para la función.

       Disminución del conocimiento y la cultura general de los alumnos y estudiantes, degradando la educación. Se infunden conocimientos parciales y no se transmiten valores. Menor participación de matemática e idiomas en los programas. Se aprueban alumnos para mejorar estadísticas y, en teoría, favorecer la salida laboral a un mundo que necesita otra formación y grado de exigencia.

       Carga horaria teórica deficiente e inferior a otros países de la región y del mundo, que adicionalmente no se cumple por huelgas, capacitación, enfermedad, licencias dudosas, feriados puentes, exámenes, etc. Baja participación de la doble escolaridad como factor de excelencia. Nivelación para abajo en la calidad educativa sin premiar el rendimiento.

       Exceso de docentes necesarios para cubrir los abusos de licencias por enfermedad y permisos. Estigmatización de los beneficios de la evaluación de docentes y estudiantes.

       Escuelas públicas que se transforman en lugares de contención social más que de educación, en ocasiones con fuertes cargas ideológicas. Inadecuado uso de las herramientas informáticas provistas y obsolescencia de edificios e instalaciones con bajo mantenimiento y presupuesto.

       Deficiente administración de justicia en tiempo y forma. Causas importantes que prescriben o tardan años en ser juzgadas y/o sentenciadas.

       Juzgados sin cubrir vacantes. Otros que actúan con subrogantes desde hace años. Carencia de recursos adecuados en algunos fueros del Poder Judicial para la magnitud de la tarea a efectuar.

       Justicia que se acomoda a los cambios políticos sin mantener su independencia de criterio e inseguridad jurídica con algunos fallos que escapan a la razón.

       Designaciones políticas que no priorizan la idoneidad. Dificultad y lentitud para remover jueces bajo sospechas de corrupción o actos improcedentes. Sospecha de sorteos de causas digitados. Enriquecimiento ilícito de magistrados y hechos de corrupción significativos no