Otra Argentina es posible. Néstor Jorge Bolado
de un castigo social, operaría como un fuerte incentivo para actuar de acuerdo a la ley y no incurrir en acciones delictivas. Por ese motivo, cuando la justicia no funciona bien y las probabilidades de salir indemnes de un ilícito son altas, la corrupción y el delito en general crecen de un modo impune.
Por otra parte, a los corruptos les conviene, y por ende propician, la debilidad de las instituciones y designan a funcionarios adecuados en los puestos claves, organismos de contralor y en la Justicia para el logro de sus objetivos. También son los cultores de los slogans: “Siempre se robó”, “Que lo demuestre la justicia” o “Somos perseguidos políticos”. Si son descubiertos en su accionar o algo se complica, poder contar con una Justicia amiga y permeable a los requerimientos y necesidades de los implicados es una ventaja adicional, como así también poder disponer y hacer un uso indebido de los fueros parlamentarios. Se trata del derecho que no resulta lógico pensar que nuestros constituyentes redactaran con el objetivo de proteger a delincuentes comunes que cometieran ilícitos amparados en sus cargos. Evidentemente, hay una mala interpretación y un uso indebido de lo que significan los fueros parlamentarios, propiciados por la misma clase política.
La experiencia nos enseña que los delitos o los actos menores de corrupción en el gobierno nunca terminan solamente en eso. Al contrario, la impunidad con que se pueden cometer hace que individualmente vayan escalando hacia delitos más complejos y/o mayores montos involucrados. A su vez, se produce un crecimiento transversal y cuantitativo del delito asociado y se expande a otras actividades, creando nuevos nichos de corruptelas e incertidumbre.
Una realidad completamente diferente es lo que ocurre en la actividad empresarial privada. Nadie quiere tener en su nómina a empleados corruptos, proclives a cometer delitos o con malos antecedentes. Se sabe que más tarde o más temprano las actitudes dolosas inevitablemente pasan su factura y los costos serán elevados. En la actualidad, es difícil contar con la Justicia para intentar resarcirse del daño sufrido. Mucho peor, puede ocurrir que el autor del delito inicie una acción penal contra el damnificado por daños, perjuicios y mancillar su “buen nombre”. Si se da esa circunstancia, muy conocida por los abogados, se invierten los roles con severas consecuencias y pérdidas económicas adicionales al daño original sufrido. Es muy común en Argentina, a causa de la propia inseguridad jurídica y el garantismo en ocasiones imperante, que la víctima se convierta en victimario. Del mismo modo, si finalmente la Justicia, años mediante, determina la culpabilidad del autor del hecho, este puede falsamente, con el asesoramiento y los recaudos del caso, alegar el beneficio de pobreza y evitar devolver el dinero mal habido y tener que pagar los gastos totales del juicio que adicionalmente recaerán sobre el damnificado.
Se sabe que en muchos países desarrollados también hay actos de corrupción, pero tienen distintas características. Por lo general, el retorno y el sobreprecio igualmente descalificables por cierto son más bajos. La obra a realizar o el bien a adquirir son en verdad necesarios, obedecen a un proyecto de evaluación de inversión, y la calidad es la adecuada al fin perseguido. Además, la justicia funciona de un modo razonable o al menos mejor que la nuestra, y hay mayores riesgos de que una operación fraudulenta o ilícita sea detectada y castigada.
En Argentina, las implicancias de la corrupción local son graves: sobreprecios y retornos porcentualmente más altos que en otros países; obras o bienes que no sirven, son altamente ineficientes o se localizan en lugares inadecuados por razones políticas; que no se construyen y se adelantan los fondos o bien se desvían a otros fines; servicios que no se prestan y se facturan igual; concesiones que no se controlan; subsidios mal otorgados y pagados en exceso; honorarios de consultoría para obras que no se realizarán; contratos mal redactados que terminan en juicios a pagar, tráfico de influencias, y la lista puede seguir, ya que hay una gran dosis de creatividad autóctona.
El denominador común de estos actos es un gran perjuicio para el Estado y la sociedad, evasión de impuestos, dinero que sale del circuito productivo que se deja de invertir en crecimiento y, en no pocas oportunidades, se fuga del país a lugares en donde no puede ser detectado. Las consecuencias son graves y no solo de carácter económico y a nivel exclusivo del Estado. Se visualizan en el sistema de salud con negociados y reintegros fraudulentos, en el sistema previsional con jubilaciones por invalidez que no corresponden, en los sindicatos de las más variadas formas. También mediante la tolerancia y protección a la trata, el juego clandestino, el narcotráfico, el lavado de dinero y muchas otras variantes. Son modalidades que adicionalmente, en algunos casos, originan víctimas fatales, que las estadísticas no exponen de forma adecuada o pasan desapercibidas por completo.
A decir verdad, hay otro importante daño colateral que ocasionan los actos de corrupción en el gobierno. Al propiciar la debilidad de las instituciones y la ausencia de justicia, están generando un ámbito muy hostil que opera como una ventaja comparativa para su propia continuidad y preservación.
Sin lugar a dudas, el contexto actual en el que se desarrolla la función pública, en no pocas áreas, es muy adverso para la inserción de aquellos que tienen buenas intenciones y origina en la ciudadanía un gran descreimiento y pocos deseos de participación. No es de extrañar, entonces, una falta de interés por lo público y lo colectivo, propiciando un mayor individualismo, como así también tolerar todo tipo de conductas indebidas. En el mejor de los casos, algunas personas asumirán los riesgos e intentarán participar en política, y otras, con un elevado nivel de altruismo o perseverancia, canalizarán sus talentos y esfuerzos en organizaciones no gubernamentales (ONG) para intentar revertir alguna situación en particular. Si la ONG no es coaptada y desviada de sus fines específicos, podrán lograr una satisfacción personal de haber ayudado en algo, pero la realidad es que en otras posiciones o funciones decisorias más relevantes es probable que el beneficio para la sociedad y el país en su conjunto sea exponencialmente mayor.
3. Implicancias de la inflación en Argentina
Uno de los principales logros de la humanidad, que permitió concretar un salto evolutivo y un progreso sin precedentes, fue el paso, siglos atrás, de una economía que funcionaba sobre la base del trueque de mercancías a la utilización de una moneda metálica de cambio. Todas las partes confiaban en cuanto al valor y el poder adquisitivo de la moneda en circulación, que se mantenía constante en el tiempo. En ocasiones, algún gobernante alteraba de un modo arbitrario su valor y sufría las consecuencias: la moneda era rechazada, disminuía su aceptación masiva e invariablemente quienes podían la reemplazaban por otra que preservara mejor el valor de sus acreencias.
En la actualidad, este mismo efecto se sigue originando, pero con algunos agravantes. La información circula con mucha velocidad, y el rápido posicionamiento de no pocos actores económicos ocasiona que la inflación traiga aparejada importantes daños colaterales y dificultades adicionales muy negativas. En el caso particular de nuestro país, con un extenso historial y desarrollo de una cultura inflacionaria, se observa la concurrencia de la totalidad de esas consecuencias, que para un mejor análisis se detallan a continuación.
El consumidor final pierde la idea del valor de los bienes a adquirir por los continuos incrementos de los fabricantes más los aumentos preventivos de los comerciantes. Se originan diferencias substanciales de precios entre distintos negocios y la imposibilidad material de buscar el mejor valor de compra de cada artículo, o bien la falta de stocks suficientes a la hora de efectuar los consumos hace que se terminen pagando precios más elevados que los reflejados por los índices oficiales de inflación.
Los precios reales de los bienes a consumir varían notablemente según el medio de pago, la cantidad de cuotas, la tasa de interés, versus el descuento por pago de contado y las expectativas de inflación. En muchas ocasiones, hacen falta conocimientos financieros adicionales para poder evaluar, frente a un vendedor, cuál es la opción de compra más conveniente, ya que buena parte de la ganancia del comerciante o del sobrecosto de un producto puede estar en esa financiación.
Los precios de la totalidad de los bienes se van ajustando en distintas fechas y porcentajes. Es así que las pérdidas y ganancias de poder adquisitivo de cada individuo o empresa, independientemente de la calidad de los índices oficiales de inflación que informe el gobierno de turno, serán muy diferentes. Dependerán de la composición de sus propios consumos y la variación