Neoliberalismo y globalización en la agricultura del sur de Chile, 1973-2019. Fabián Almonacid Z.
un tercio conocía el monto anual que debía pagar por la tierra. Asimismo, un número creciente reconocía que tendría dificultades para pagar; un tercio de los que llevaban tres años como asignatarios. En general, un 56,7% declaraba tener algunas dificultades de tipo económico.
Asimismo, para muchos parceleros fue un obstáculo insalvable tener que enfrentar una deuda por la tierra recibida. El temor de no poder pagar, de perder la tierra sin nada a cambio, de terminar en la cárcel por deudas, hizo fuerza en los parceleros para vender y deshacerse de un potencial problema (Bravo Möll, 2014; Ubilla Carrasco, 2014; Vargas González, 2014).
La tierra se entregó previo pago de una cuota al contado (pago simbólico del 1% del valor adeudado) y el resto en 28 años, después de dos años de gracia. A pesar de que las condiciones de pago parecían favorables, en la práctica la mayoría de los campesinos no podía hacer frente a esa deuda, dado los escasos ingresos que tenían48.
Según un dirigente agrícola de la zona central, las deudas con la ex-CORA por las parcelas entregadas subieron en la provincia de Cachapoal un 700% respecto a su valor original, muy por sobre la inflación, que calculaba en 163% para el periodo 1977-198149. Creía que esa alza desmedida era la que obligaba a los campesinos a vender sus tierras. Por si fuera poco, además esas parcelas debían pagar un impuesto territorial.
Las deudas por las parcelas entregadas se incrementaron significativamente desde 1978 en adelante. Hasta esa fecha, según disposición de diciembre de 1973, las cuotas anuales no se reajustaban, y solo pagaban intereses por mora. Considerando la situación económica nacional, descrita más atrás, las cuotas por pagar habían perdido rápidamente su valor real debido a la alta inflación. Sin embargo, en diciembre de 1978 se estableció que las cuotas serían reajustadas anualmente (100% del IPC), más intereses. A ello había que sumar las multas por atrasos en los pagos. De allí hasta 1984 las deudas se incrementaron significativamente. Este es el periodo en que la venta de parcelas fue mayor. Predominaba la morosidad entre los parceleros, por lo que en diciembre de 1984 se extendió el plazo para pagar hasta 30 años, a contar de 1985 y se condonaron los reajustes e intereses de la deuda original. Más tarde la deuda sería definitivamente condonada50.
Por su parte, los precios de los productos agrícolas crecieron menos que el IPC, y por debajo del incremento de los insumos y maquinarias, lo que aumentó los costos de producción. Entre 1974 y 1978, los precios del trigo, maíz y remolacha se mantuvieron iguales o se incrementaron levemente, mientras algunos insumos (petróleo, salario mínimo y neumáticos de tractor) subieron entre el 50 y el 100%. En 1980, los precios reales del trigo, maíz y papa eran similares a los de 1974, mientras el de la colza se había incrementado levemente51.
Por otro lado, en aquellos predios donde hubo mayor colaboración y cooperación (préstamos, mediería, etc.) entre los parceleros o con propietarios de fundos vecinos, las posibilidades de permanecer como propietarios eran superiores a las de predios donde las relaciones con los demás parceleros o sus vecinos eran escasas, ya porque varios eran recién llegados al lugar o porque los contactos estaban deteriorados con antelación52.
También, había diferencias sustanciales entre unos predios y otros del sector reformado; estaban los que fueron parte de fundos bien explotados, con maquinarias, edificios, animales, etc., de gran valor. Por el contrario, había otros en pésimas condiciones (Gómez, 1982: 66-67).
Buena parte de las parcelas entregadas en los años 1975 a 1978 estaban descapitalizadas, tras varios años difíciles. Parcelas recibidas sin animales, maquinarias, semillas, etc., no eran económicamente viables53.
Un estudio del Instituto de Pastoral Rural, vinculado a la Iglesia católica, de marzo de 1975, sobre la base de entrevistas a 229 campesinos, de diferentes zonas del país, señala que en el campo se vivía un serio problema económico, manifestado en la falta de dinero, bajos precios agrícolas y exiguos créditos54. También, había poca asistencia técnica del Estado. La mayoría consideraba que los asentados estaban incluso peor que los asalariados. Sabían que se esperaba que ellos se desempeñaran como empresarios agrícolas, pero no recibían ninguna capacitación en ese sentido.
Como señalamos más atrás, la asignación de parcelas favoreció a hombres, principalmente entre 30 y 50 años, casados, con familias numerosas, con títulos o algún oficio, y que supieran leer y escribir. Ello afectó a los campesinos más jóvenes, sin oficio y a los analfabetos. ¿Qué influencia en la venta de parcelas tuvo el tipo de propietarios?
En el predio Huite, de la comuna de Futrono, provincia de Valdivia, de las 12 parcelas que aparecen inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, en 1977, 10 fueron vendidas entre 1980 y 1985; una en 1980, seis en 1981, una en 1982, una en 1983 y otra en 198555.
Las dos parcelas que no fueron vendidas fueron las entregadas a los dos campesinos más viejos, con 57 años en 1977. Uno de ellos además tenía la familia más numerosa, ocho personas, y era analfabeto. El otro no tenía oficio y solo declaraba saber leer y escribir. Los que vendieron tenían oficios, como mayordomo, tractoristas y camperos. Ellos optaron, posiblemente, por desempeñarse como dependientes en otras propiedades, que iniciarse como pequeños propietarios rurales56.
Un estudio hecho por la Iglesia católica, enero de 1976, enviado al mismo Pinochet, hizo una dura crítica de la política de asignación de tierras. Entre otros aspectos, concluía:
La ausencia de recursos económicos, asistencia técnica, capacitación y organizaciones propias del proceso, han dejado a los asignados sin los medios necesarios para una explotación racional de la tierra, y por ende, una permanencia estable en ella57.
Según un estudio de ICIRA, de junio de 1978, cerca de un 50% de los que vendieron sus parcelas a nivel nacional lo hicieron por falta de capital o por deudas anteriores58. De acuerdo a esta misma fuente, en la zona entre Malleco y Chiloé, el retorno del capital era del 10% en promedio; un 75% de los parceleros tenía un retorno inferior a ese valor59. Además, un 75% de los parceleros tenía un endeudamiento importante, con ingresos anuales inferiores a 0,65 veces las deudas del año (la cuota anual de la parcela y créditos operacionales y de inversión). Esta misma situación les hacía difícil adquirir nuevos créditos con organismos estatales o bancos.
Para algunos expertos, en julio de 1980, no había ningún interés nacional para seguir apoyando a los parceleros, a no ser que el Estado lo hiciera por razones políticas. Con un enfoque neoliberal, creían que el mercado debía resolver este problema, con la venta, arriendo o asociación con quienes pudieran hacer producir más y mejor las tierras que poseían60.
Por octubre de 1981, el INDAP calculaba que hubo 46.600 familias beneficiadas por tierras, con 3,1 millones de hectáreas, de las que 14 mil ya habían vendido sus parcelas, unas 600 mil hectáreas. Las 32.600 familias restantes tenían serios problemas económicos61.
La crisis económica de 1982-1985 sería una situación límite para los parceleros. Los momentos más duros del neoliberalismo aplicado por la dictadura militar llegaron a su fin y en los años posteriores hubo una mayor asistencia técnica y créditos por parte del Estado, así como se impusieron algunas medidas que permitieron una leve recuperación de la agricultura tradicional (Echenique & Rolando, 1991; Echenique, 1992; Portilla, 2000). Aunque la situación económica para los campesinos, entre ellos los parceleros, fue menos difícil, ello no significó una mejoría significativa, por lo que la propensión por vender se mantuvo en el resto de la década de los ochenta.
Conclusiones
La nueva reforma agraria realizada por la dictadura militar tuvo características de una verdadera acumulación originaria. Había que reestructurar el agro y el Estado lo hizo apoyándose en el mercado y en la fuerza militar y política. Si bien formalmente, la dictadura militar constituyó un grupo numeroso de pequeños propietarios individuales surgidos de las tierras expropiadas antes de 1973, las propias transformaciones de la economía y la política, al alero del neoliberalismo, fueron imposibilitando la existencia de esos parceleros.
Un número significativo de ellos vendió sus tierras a los pocos años de recibidas. Un tercio como promedio nacional, pero llegando a la mitad en las zonas agrícolas y periurbanas, y superando incluso el 60% en algunas provincias.