Neoliberalismo y globalización en la agricultura del sur de Chile, 1973-2019. Fabián Almonacid Z.
estable, pero con unas condiciones sociales y laborales paupérrimas4.
En términos sectoriales, a lo largo del periodo 1973-1989, la economía nacional siguió teniendo un importante sector minero y de servicios, mientras se redujo la participación del sector manufacturero en el PIB del 26% al 21%. Por su parte, la agricultura aumentó la suya, de 4,8% a 7,4%. Lo anterior se expresa en la permanencia de una distribución similar de la fuerza laboral, si comparamos los dos años extremos. Por otro lado, destaca el crecimiento del comercio exterior, con exportaciones que casi se triplicaron en términos reales, e importaciones que se duplicaron. En cuanto a la distribución de la población, ya fuertemente urbanizada, hubo un destacado aumento de la población urbana entre los censos de 1970 y 1992, pasando del 75% al 83% de la población total. La rural mantuvo sus valores absolutos entre esos censos (un poco más de 2,2 millones de personas), pero bajó en términos relativos del 25% al 17% del total nacional (Braun et al., 2000: 33, 156, 222 y 231).
La drástica, profunda y dogmática imposición del neoliberalismo por parte de la dictadura militar, desde mediados de la década de los setenta, produjo una reducción de la producción agrícola tradicional. El sur de Chile, la principal zona agrícola del país, experimentó una verdadera decadencia agropecuaria. Como excepción, el sector forestal creció a partir del subsidio estatal a las plantaciones, aumentando los bosques a expensas de otros usos del suelo.
Grandes, medianos y pequeños productores se vieron seriamente afectados en sus actividades. Otro tanto ocurrió con las comunidades indígenas. Asimismo, el empleo agrícola se contrajo a la par de la producción, y se incrementó el trabajo temporal por sobre el permanente.
A comienzos de la década de 1980, las consecuencias de las políticas neoliberales eran notorias en la agricultura del sur de Chile. La producción de cereales, carne y leche había caído significativamente (Gómez & Echenique, 1988: 119-168). El problema era grave especialmente para los cultivos. La ganadería se había mantenido como una actividad algo más rentable hasta 1980, aunque la producción lechera no era mayor a la de comienzos de la dictadura5.
La crisis económica nacional de 1982-1985 tuvo un efecto muy negativo en el debilitado agro sureño6. En estos años, los medianos y grandes productores agropecuarios del sur demandaron un cambio en las dogmáticas políticas neoliberales y el establecimiento de protecciones mínimas para la actividad agropecuaria. Después de reclamos reiterados de las organizaciones gremiales sureñas representantes de los principales agricultores, el Gobierno militar terminó introduciendo algunas correcciones importantes en las políticas económicas neoliberales, generando un poder comprador estatal y fijando una banda de precios para algunos productos agrícolas. Sin embargo, esas medidas no tuvieron en cuenta las necesidades de los campesinos y comunidades indígenas.
En este capítulo nos concentramos en uno de los grupos más afectados en este periodo neoliberal, los pequeños propietarios surgidos de las propiedades rurales expropiadas durante la Reforma Agraria, en los primeros años de la dictadura militar. Nos preguntamos cómo se desenvolvieron y qué impacto provocaron en ellos las nuevas políticas económicas. Cuántos y quiénes perdieron sus tierras, y qué características tenían aquellos que las conservaron. En general, su desempeño como propietarios fue muy difícil. Se profundiza particularmente en la situación de los parceleros de las provincias de Valdivia y Osorno, en el sur de Chile.
Una nueva Reforma Agraria
La Reforma Agraria, iniciada en 1962, adquirió real importancia con el Gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, desde fines de 1964. Con una nueva ley de reforma agraria y con la ley de sindicalización campesina, desde 1967 se incrementaron las expropiaciones y la intervención del Estado en la agricultura a través de organismos especializados. Se buscaba terminar con la concentración de la propiedad de la tierra, la ineficiencia productiva, y, en general, modificar las estructuras económicas, sociales y políticas rurales. Había que modernizar el campo y lograr una sociedad más justa para los campesinos, indígenas y trabajadores rurales. La reforma agraria se profundizó a partir de 1970, con el Gobierno de la Unidad Popular, perdiendo centralidad la dimensión productiva y ganando protagonismo lo político y social. Las tierras expropiadas durante este Gobierno, hasta 1973, casi duplicaron la superficie expropiada con anterioridad. A septiembre de 1973, al momento del golpe de Estado, más del 40% de las tierras agrícolas del país habían sido expropiadas (Araya & Campos, 1976: 1-3; Long & Roberts, 2000: 310; Santana, 2006: 191-243).
La literatura sobre la reforma agraria chilena es abundante, con algunos enfoques preferentemente institucionales (Garrido et al., 1988), otros centrados en el proceso político, económico y social (Huerta, 1989; Santana, 2006; Bellisario, 2007a; 2007b; y 2013), y otros, en consideraciones étnicas (Correa et al., 2005) y de género (Valdés, 2007; Tinsman, 2009).
Respecto al periodo posterior a 1973, predominan los estudios relacionados con el impacto de las políticas neoliberales (Silva, 1987; Jarvis, 1992; Murray, 2002b). Se habla de las “dos caras” de la modernización. Por un lado, un aumento de la producción, especialmente para la exportación, por otro, la pobreza de los campesinos (Bengoa, 1983; Crispi, 1983; Gómez & Echenique, 1988). Los estudios dedicados a la decadencia de la economía campesina, que empezaron en los años ochenta, han continuado (Kay, 1996; 1997; 1998a; y 2002; Murray, 2002a; y 2006). Todos ellos concluyen que ha habido un fortalecimiento de la agricultura comercial, en desmedro de la campesina, la que se encuentra camino a desaparecer.
Además, se ha estudiado el trabajo agrícola, especialmente el “temporero”, caracterizado por la precariedad y sobreexplotación (Riffo, 1999; Caro, 2011). Queda en evidencia que ha habido cambios profundos en la composición de la fuerza laboral silvoagropecuaria, la que crecientemente va de la ciudad y pueblos al campo, como mano de obra estacional. Muchos de ellos, campesinos que perdieron sus tierras. También, no es menor el aporte de los propios campesinos, entre ellos los parceleros, como asalariados temporales, para complementar sus ingresos (Kay, 1994; Riffo, 1999: 148). Asimismo, ha sido reconocido el aumento de la participación de las mujeres en el trabajo agrícola temporero (Campaña, 1984; Caro, 2011; Valdés et al., 2014).
Muchos de esos estudios otorgan una visión nacional, o concentran su atención en Chile Central, descuidando la realidad del sur, el corazón silvoagropecuario nacional. Este capítulo se inscribe dentro del debate sobre las transformaciones del agro chileno a partir de 1973, por la implementación de las políticas neoliberales, y, particularmente, en los cambios que experimenta la economía campesina, estudiando la situación de los parceleros. No se asume una posición “campesinista”, que pone el acento en la preservación del campesinado a pesar del avance de las relaciones capitalistas, ni una “descampesinista”, predominante en los estudios agrarios, que ve una desaparición del campesinado, ya por su proletarización o por su conversión, excepcional, en pequeño empresario (Hernández, 1994). Ambas visiones, que han animado muchos estudios desde los años setenta en América Latina, y Chile no es la excepción, no dan cuenta adecuadamente de la complejidad histórica de los campesinos. Si bien ha habido una decadencia del campesinado, no observamos que ello sea parte de un proceso de desaparición, sino que el campesinado, aunque debilitado y subordinado, contribuye a la existencia de las propias actividades comerciales, capitalistas, con su mano de obra o su producción para el mercado nacional, y, últimamente, también para el internacional (Rubio, 2003).
Volvamos al problema estudiado. Inmediatamente formada la Junta Militar, en septiembre de 1973, se dio una nueva orientación a la reforma agraria, que en los años anteriores había removido profundamente la tenencia de la tierra, llegándose a expropiar cerca de 10 millones de hectáreas (Silva, 1987: 69; Huerta, 1989). Ninguna tierra más volvió a ser expropiada.
En diciembre de 1973, el Gobierno militar definió los requisitos para ser favorecido como propietario en el sector reformado, entre los que estaba no haber ocupado de forma violenta el predio expropiado7. Asimismo, estas disposiciones establecieron la posibilidad que quienes no fueran campesinos optaran a parcelas (Silva, 1987: 171).
Por supuesto, estas medidas estaban relacionadas con los cambios que la dictadura militar comenzaba a realizar en los propósitos y funciones del Estado y eran parte esencial de las transformaciones económicas, sociales y culturales que se impondrían