Neoliberalismo y globalización en la agricultura del sur de Chile, 1973-2019. Fabián Almonacid Z.
compraron parcelas a los asignatarios originales. Se repiten algunos compradores adquiriendo varias parcelas en un mismo lugar. Algunos de ellos eran destacados agricultores, con grandes propiedades en la zona. En el caso de uno de ellos, mediante sucesivas compras adquirió la mayor parte de las parcelas de un mismo predio33. Fuera de los propietarios rurales, también hubo empresarios y profesionales que se interesaron por adquirir tierras. Muchos de ellos vieron la posibilidad de incursionar en el negocio agrario, pero con escaso éxito para la mayoría, principalmente los que no eran agricultores (Ubilla Carrasco, 2014). Como en la Región Metropolitana y del Biobío, donde la posibilidad de adquirir buenas tierras en superficies pequeñas a bajo precio, abrió una oportunidad única de negocios (Echenique & Rolando, 1991: 31-36), en Valdivia y Osorno, agricultores, empresarios agrícolas, profesionales, comerciantes y empleados, adquirieron parcelas con ese fin.
Por último, hay solo unas pocas parcelas que fueron compradas por sociedades agrícolas y forestales en el área sur de la provincia de Osorno. Sin embargo, la compra mayoritaria entre personas esconde el destino final de muchas parcelas, pues varios de los adquirentes formaron en los mismos años sociedades para la explotación agrícola y forestal34.
Factores que provocaron la venta de parcelas
Resultado de la aplicación de políticas económicas neoliberales, hubo en Chile una reducción del apoyo integral del Estado a los productores agrarios, tanto en asistencia técnica y transferencia tecnológica, como en créditos (Portilla, 2000).
El Banco del Estado, entre comienzos de 1979 y fines de 1980, entregó una mínima porción del total de créditos agrícolas a campesinos o sociedades provenientes del sector reformado. Mucho menor fue la participación de estos campesinos en el valor total de los créditos agrícolas; no más del 3% del dinero prestado por el Banco fue a ese sector35.
En este ámbito, la labor del Estado se limitó a la asistencia técnica empresarial y a la entrega de créditos de instituciones estatales vinculadas al agro. CORA en 1975 tenía gastos en personal y servicios equivalentes a la mitad de los de 1972. En cuanto a los gastos de capital (inversiones, créditos, etc.), el valor era más de diez veces inferior36.
Tan temprano como diciembre de 1974 y enero de 1975, los intendentes de Cautín y Llanquihue, transmitieron al ministro de Agricultura la preocupación que tenían por la reducción del presupuesto de INDAP en sus provincias, impidiendo dar créditos a los pequeños agricultores37.
En junio de 1978, ICIRA señalaba que apenas el 31,7% de los parceleros encuestados había recibido asistencia técnica, mientras que solo el 19,6% había participado en un curso en los últimos años38.
En general, la situación de los parceleros, y la venta de sus tierras, está relacionada con la decadencia que experimentó la agricultura campesina a lo largo de la dictadura militar, y particularmente desde fines de la década de los setenta.
Como destaca Silva (1987: 96), todo lo que ocurre después de 1975, ya asumidas las políticas neoliberales, no puede entenderse fuera del modelo económico. Toda la política estatal se estructura en torno a ello. A los neoliberales les importaba poco lo que ocurriera con los parceleros. Sabían que no lograrían mantenerse como propietarios. Les interesaba introducir eficiencia y movilidad en el mercado de la tierra (Silva, 1987: 158-164).
Ya en noviembre de 1976, un decreto gubernamental regulaba la venta de parcelas, disponiendo que las enajenaciones debían contar con la autorización de la CORA (Silva, 1987, 183-184).
A fines de 1978, la aplicación de la política neoliberal se expresaba en una reducción en la cantidad y en el valor de la producción de cultivos tradicionales. La producción de cereales se redujo ese año un 15% y la de cultivos industriales en 25%, lo que afectó directamente a la zona sur de Chile39. Para ICIRA, según un estudio de junio de 1978, desde 1976 hubo una disminución de la superficie cultivada en las parcelas40.
Incluso con mayor asistencia estatal, era difícil creer que los pequeños propietarios pudieran tener mejores rendimientos y rentabilidad. La tendencia era la concentración de la tierra y una escala de negocios apropiada para grandes empresas agrícolas, que pudieran adecuarse a las demandas del mercado externo y a los bajos precios agrícolas internos.
Hacia fines de la dictadura, la agricultura campesina enfrentaba condiciones que prácticamente hacían imposible su permanencia. No por nada, en la década de los noventa se observaba la desaparición del campesinado, concebido como pequeña agricultura familiar (Sotomayor, 1994; Kay, 1997; 1998a; y 2002; Murray, 2002b: 432-433).
Por otro lado, junto al menor apoyo a las organizaciones campesinas, el costo de los créditos bancarios y la escasa asistencia técnica del Estado, estaba la falta de capital y las deudas que tenían los asignatarios (Gómez, 1982: 65; Echenique & Rolando, 1991: 15 y 22-23; Jarvis, 1992; Santana, 2006: 258; Ffrench-Davis, 2001: 69-70).
Ya en febrero de 1974, un informe de ICIRA planteaba que la asignación de parcelas requería la corrección de algunos obstáculos, como los altos intereses de los créditos y los bajos precios que recibían por sus productos, lo que no les permitía obtener ninguna ganancia. Además, advertía que los parceleros requerirían asesoría y capacitación para el manejo de sus tierras, de lo contrario: “…pierden todo interés por la propiedad individual. La gran mayoría de los asentados preferirían en este caso ser inquilinos bien pagados que empresarios en quiebra”41. Por otro lado, a los asentados les preocupaba el pago de la tierra y no tenían seguridad de su capacidad para enfrentar esta responsabilidad42.
Una parte importante de los favorecidos con parcelas no tenían ninguna posibilidad de gestionar adecuadamente sus propiedades, lo que terminó provocando la venta en los primeros años de buena parte de las parcelas. Ya en julio de 1974, un informe de ICIRA señalaba que para la mayoría de las autoridades zonales de los organismos del Estado, más de la mitad de los asentados perderían sus tierras por incapacidad para desenvolverse en el nuevo sistema43. Carecían de las cualidades personales para desempeñarse como empresarios eficientes.
Si, en promedio, menos de la mitad de los parceleros al final de la dictadura militar conservaban las parcelas asignadas, sin contar la responsabilidad que tuvieron las políticas estatales, hay que considerar como explicación en primer lugar la incapacidad de quienes recibieron las propiedades para poder desempeñar una actividad agrícola que les permitiera una mínima rentabilidad (Gómez, 1982: 64-65).
Un asentado de Angol reclamaba en abril de 1976, que a pesar de tener todos los requisitos, incluso había sido presidente del asentamiento, él no fue favorecido con una parcela, recibiendo la tierra quienes no tenían el conocimiento ni la capacidad de trabajo requerida. Resultado; el campo estaba abandonado y con baja producción44.
No fue fácil para los parceleros asumir la responsabilidad de organizar la explotación de su propiedad de forma individual, mientras paralelamente se debilitaban los vínculos colectivos surgidos desde la ocupación del predio, de tal modo de poder hacer frente a los pagos que debían realizar ante la CORA, desde el tercer año de recibidas las propiedades.
Según otro estudio de ICIRA, de agosto de 1977, analizando la situación de las 21.254 parcelas entregadas hasta diciembre de 1975, todos exasentamientos, en la mayoría de las casi 500 parcelas estudiadas, el 87% eran explotadas individualmente y el resto, a través de sociedades. Solo en la Araucanía había un porcentaje mayor de sociedades45. Además, un 20,4% de las parcelas habían perdido parte o totalmente la maquinaria, por deuda o devolución a CORA. Por otro lado, la mitad pertenecía a una sociedad de cooperación agrícola (SOCA), las que habían sido creadas en julio de 197546. Las SOCA fueron disueltas en 1981 (Gómez, 1991: 25-26).
Respecto al nivel de cultivos, en el año 1976-1977 solo la mitad de las parcelas tenía más cultivos que en el último año del asentamiento47. En cuanto a disponibilidad de animales, en la Región de la Araucanía, había un promedio de 8,8 vacas por parcela y en la Región de Los Lagos, 20,7. Estos promedios eran los más altos del país y lejos sobre la media nacional, de 4,94 vacas. Por otro lado, la mayoría de ellas vendía un 50% o más de su producción. Un 4,3% estaba en un nivel de subsistencia. Además, un tercio de los parceleros había recibido asistencia técnica el año agrícola