Neoliberalismo y globalización en la agricultura del sur de Chile, 1973-2019. Fabián Almonacid Z.
estaba relacionada con una carta del obispo de Chillán, de 5 de noviembre de 1975, quien denunció los problemas que se estaban produciendo en la asignación de parcelas individuales18. Especialmente, la situación de los campesinos que eran excluidos por haber participado en la toma del predio.
En respuesta, el dictador ordenó al ministro de Agricultura, a fines de diciembre de 1975, que se enviase un oficio a las autoridades regionales y provinciales, para que se excluyera de la asignación de tierras solo a quienes dirigieron las tomas19. Por su parte, el ministro ya había instruido lo mismo a la CORA.
En esa línea, en enero de 1976, el ministro del Interior ordenó a los intendentes y gobernadores que, para que la CORA cumpliera lo indicado, en un plazo de 30 días debían revisar la información enviada a este organismo, con los nombres de todos los que participaron en tomas de predios, destacando aquellos que habían sido dirigentes o activistas en la ocupación de los fundos20.
De este modo, la selección de parceleros por la CORA estaba supeditada al veto político de las autoridades regionales y provinciales. Otro tanto realizaban otras autoridades, como el subsecretario de Agricultura, quien en octubre de 1976 pidió a CORA que excluyera de la asignación en un predio de Traiguén a dos activistas. La fuente de información era confidencial21.
La exclusión de postulantes hecha por CORA, por “informes de seguridad” sobre algunos postulantes u otra razón desconocida, llevó a la Confederación Nacional Sindical Campesina “Libertad” a pedir al Gobierno, en julio de 1976, que hubiera una apelación a estas decisiones22.
En noviembre de 1976, se dispuso que los excluidos podrían apelar en un plazo de treinta días, ante el Ministerio de Agricultura23. En la práctica, el ministerio sancionaba lo que resolvía una comisión formada por la CORA y militares delegados por el Gobierno provincial. La mayoría de las apelaciones que conocemos fueron rechazadas, por estar fuera de plazo o por no haber demostrado la falsedad de los informes en su contra24. En todo caso, estos reclamos eran tardíos, pues en muchas provincias del país la mayor parte de la tierra ya estaba repartida (Silva, 1987: 175-176).
El proceso de entrega de tierras a nivel nacional se realizó rápidamente, entre 1974 y 1978, cuando finalmente se disolvió la CORA y se creó la Oficina de Normalización Agraria, la que completó lo que quedó pendiente.
Por abril de 1979, se habían entregado 37.508 UAF. Sumando algunas asignaciones que estaban pendientes se llegaba a una cifra de 40 mil asignatarios. Ellos habían recibido un poco más de 2 millones de hectáreas, la cuarta parte del suelo agrícola entre Coquimbo y Llanquihue. De acuerdo a una encuesta hecha por ICIRA, en junio de 1978, cerca de 421 mil personas vivían en esas parcelas, un 19% de la población rural estimada para 197825.
Estas parcelas no fueron entregadas de forma gratuita, sino que debían pagarse a la CORA en 28 años de plazo, a partir del tercer año de recibida (Silva, 1987: 170).
Aquellos que no obtuvieron parcelas fueron un porcentaje significativo, llegando a un 50% del total de asentados. La mayor parte de ellos permanecería viviendo en el campo (Silva, 1987: 174-176).
La política de asignación de tierras fue motivo de varias críticas. Ya a comienzos de 1974, Victoriano Zenteno, presidente de la Confederación Triunfo Campesino, se opuso a la asignación individual de tierras26. También existió oposición de parte de los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ICIRA, CORA y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). No por nada, se consideró fundamental para el avance de las políticas de la dictadura militar la reducción del número y reemplazo de funcionarios públicos. El decreto ley 1.025, de 15 de mayo de 1975, permitió reducir hasta un 40% de la planta de funcionarios. En INDAP, en septiembre de 1973, había 4.611 funcionarios. En agosto de 1974 ya se habían exonerado 957 y se proponía llegar a 2 mil funcionarios, dada la orientación política contraria al Gobierno27.
A pesar de la purga en el ministerio y organismos estatales, a comienzos de 1975, se mantuvo la crítica de los funcionarios a la política del Gobierno y la falta de compromiso con sus objetivos28.
La suerte de los parceleros bajo el neoliberalismo
Desde un principio, se había concebido a los parceleros insertos en el mercado, vinculados a los demás propietarios y productores agrícolas. Ya en 1974 se había diseñado un programa nacional de capacitación empresarial. Por ese momento, INDAP proponía al Gobierno que a través de sus políticas generara: “conocimiento cabal de las implicancias de su nueva condición de empresarios en términos de responsabilidad personal y nacional”29.
En febrero de 1978, para sumar a los parceleros a la nueva economía neoliberal, se creó un programa de asistencia técnica empresarial para pequeños productores, el que fue ejecutado directamente por empresas privadas recién constituidas para hacerse cargo de la asistencia técnica, negocio emergente, camino a formar una cultura empresarial entre los campesinos. Funcionó hasta 1983, siendo reemplazado posteriormente por otro programa similar, pero controlado estrechamente por INDAP (ICIRA, 1976; Santander, 1987: 71; Sanfuentes, 1987: 125; Gómez, 1991: 25-39). Esta capacitación no fue suficiente.
A nivel nacional, de 43.347 asignatarios CORA, a marzo de 1983, 19.727 habían vendido sus propiedades, esto es, el 45,5% del total, con casi el 30% de las tierras entregadas (Garrido et al., 1988: 199). A esa fecha, en la Región Metropolitana, aproximadamente el 48% de los parceleros había vendido su propiedad, en la Región del Maule el 44% y en Los Lagos, el 34%. Echenique y Rolando (1991: 15) estiman que un 57%, como promedio nacional, había vendido sus parcelas hacia 1990. En el norte y parte de la zona central del país se habían vendido a esa fecha el 70% de las parcelas y desde la Región del Maule a Los Lagos, centro y sur, un 45%.
Como señalan Silva (1987: 184-185) y Echenique y Rolando (1991: 11), se hicieron varios estudios de la situación de los parceleros en la zona central (Buin, Paine, Aconcagua, O’Higgins), pero casi ninguno de lo sucedido en el sur del país (excepto en la Región del Biobío).
Para una zona de la provincia de Colchagua, en el centro del país, Bellisario (2007b: 165-166) señala que el 61% había vendido sus parcelas hasta el año 2000, lo que es bastante más de lo plantean otros autores. Cree que cerca de Santiago y en las provincias más agrícolas de Chile Central hubo alta venta, lo que se manifiesta en Colchagua. Por el contrario, señala que en zonas de agricultura tradicional, las ventas fueron menores. Una idea similar plantean Echenique y Rolando (1991: 17-21), señalando que en 1990 un 70,9% de los parceleros originales de la Región Metropolitana, había vendido sus propiedades, mientras en la Región del Biobío la cifra era del 44,8%.
En general, hubo un rápido traspaso de las tierras de parceleros a manos de otros agricultores, algunos de ellos antiguos propietarios de los mismos terrenos, así como a empresarios y profesionales que vieron la posibilidad de invertir en tierras a un bajo precio.
Aquellos que conservaron sus parcelas fueron los menos. ¿Qué diferenciaba a los que vendieron de los que permanecieron como parceleros? En general, los hombres de edad mediana, casados, con hijos, inquilinos y obreros agrícolas, eran mayoría entre quienes conservaron su parcela, en la Región Metropolitana y del Biobío. Ni el capital, ni la educación, habrían determinado necesariamente la venta, pues estas características se daban en ambos grupos. Sin embargo, aquellos que tenían mayor estima y conocimiento de su oficio de campesino, predominan entre los que no vendieron (Bravo Möll, 2014; Vargas González, 2014). Aquellos que vendieron sus parcelas, generalmente permanecieron como trabajadores agrícolas, como campesinos o ejerciendo oficios especializados, en las propiedades mayores de la zona. Los menos se fueron a vivir a alguna ciudad. Además, muchos de ellos permanecieron residiendo en el mismo lugar, ya que vendieron la parcela, pero no el sitio donde estaba su casa (Echenique & Rolando, 1991).
La venta de parcelas en las provincias de Valdivia y Osorno
En la provincia de Valdivia se definieron un total de 1.500 parceleros entre 1975 y 197830. En la provincia de Osorno fueron 1.116. Todo ello para un total de 86 predios en Valdivia y 91 en Osorno.
¿Cuántos de los 2.616 parceleros de las provincias de Valdivia y Osorno vendieron sus propiedades durante el Gobierno militar?
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