Antequera, 1808-1812. De la crisis del Antiguo Régimen a la Ocupación Napoleónica. Francisco Luis Díaz Torrejón
acuerdo de asesor a suspenderle de su oficio [...]. Posteriormente le fue formada causa al citado conde por haber extraído de los mismos fondos públicos del pósito tres mil reales»[27] .
Pese a las sospechas de corrupción que pesaban sobre el conde de la Camorra, los nobles locales se movilizaron en su defensa e hicieron valer las influencias del estado aristocrático contra el corregidor –también hombre polémico y controvertido– que, a la postre, fue cesado por la Chancillería de Granada, bajo la excusa de concedérsele el «retiro o jubilación»[28] .
Cabe decir, a modo de conclusión, que la historia del poder en Antequera durante la crisis del Antiguo Régimen es una crónica oscura, casi negra, escrita con la pluma de la ambición personal y estamental. Muchos se disputan la hegemonía local y tras el empeño de esa guerra sin cuartel queda un rastro de perversión que anima a un vecino crítico para apostillar, con incontenible rebeldía, que Antequera es «un pueblo donde nada puede obrarse sin ruido, estrépito, parcialidad e intrigas»[29] .
La Iglesia local
A la vista de los numerosos establecimientos religiosos existentes en Antequera, no puede negarse su significación en el mundo de la Iglesia andaluza y aun española. La ciudad antequerana es, en el orden eclesiástico, el segundo enclave más notable de la diócesis de Málaga –tras la sede episcopal– porque en sus calles y plazas se asientan las pruebas de una nutrida representación del clero secular y regular. Jalona el casco urbano un conjunto patrimonial sacro que asciende a una iglesia colegial, cuatro iglesias parroquiales, dos ayudas de parroquias, doce conventos de frailes y ocho de monjas, además de varias ermitas y capillas.
El vértice de la Iglesia antequerana corresponde a la Real Colegiata, una institución erigida en virtud de Bula Pontificia de 8 de febrero de 1503 y Real Provisión de 17 de septiembre de 1504[30] , que fue trasladada desde las alturas de Santa María –su primitiva sede– a la parroquia de San Sebastián el 5 de junio de 1692[31] . Rige la institución colegial un cabildo, órgano pluripersonal compuesto por una dignidad con el título de prepósito, doce canónigos, ocho racioneros y siete medio racioneros[32] , todos prebendados con las rentas de la iglesia.
Los miembros del estado eclesiástico residentes en la Antequera de principios del siglo XIX se cuentan por cientos, pero las figuras más sobresalientes del clero local –así por talla intelectual como por rango– son quienes ocupan los cuatro destinos más cimeros del cabildo colegial de San Sebastián: Gaspar Carrasco y Alcoba, dignidad de prepósito y presidente del cabildo, un anciano casi octogenario y achacoso –había nacido el 21 de octubre de 1729 en Antequera–, doctor en Teología y Cánones por la Universidad de Osuna[33] , que llevaba más de veinte años en el cargo[34] y que había renunciado al obispado de Popayán[35] , diócesis de Colombia, acaso por su falta de ambición personal; Gabriel de Medina y Acedo, canónigo lectoral, un personaje natural de Jimena de la Frontera –había nacido el 1 de julio de 1759– que es doctor en Teología por la Universidad de Granada[36] y está en posesión de la canonjía antequerana desde el 11 de enero de 1793[37] ; Pedro Muñoz Arroyo, canónigo magistral, un hombre muy interesante por su pensamiento, como luego se verá, que había nacido el 7 de enero de 1775 en Benamocarra y es titular de la plaza por oposición desde el 7 de agosto de 1807[38] ; y Francisco de Paula Díaz y Rodríguez, canónigo doctoral por nombramiento del 24 de diciembre de 1805[39] , que había nacido en la localidad granadina de Gabia Grande el 18 de enero de 1769[40] y fue hasta entonces catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Granada[41] .
Otra personalidad importante de la iglesia local es Matías José Pérez de Hita, un presbítero de cerca de cincuenta años, antiguo alumno del Colegio de San Bartolomé y Santiago de Granada y canónigo de la colegiata antequerana desde el 18 de agosto de 1807[42] , que ejercía la dignidad de vicario eclesiástico.
El clero secular incluye a un buen número de presbíteros y entre ellos destacan los titulares o curas propios de las cuatro parroquias antequeranas: Miguel Jiménez, de Santa María; Francisco Galán, de San Sebastián; Pedro Ponce, de San Juan; y Francisco Martín, de San Pedro. Súmense también los correspondientes de las dos ayudas de parroquias: Juan Muñoz Pescador, de San Miguel; y Fernando Domínguez, de Santiago.
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El clero regular es, con diferencia, la entidad eclesiástica más presente en Antequera porque la mayoría de las órdenes religiosas tradicionales –tanto masculinas como femeninas– tienen casa en la ciudad. Franciscanos en sus profesiones observantes, terceros, capuchinos y alcantarinos; dominicos; mínimos; carmelitas en sus versiones calzados y descalzos; agustinos; y hospitalarios; tienen allí establecimientos por fundaciones pretéritas. De todos los inmuebles religiosos existentes en Antequera, hay algunos con un destacado protagonismo en la historia que se cuenta en las páginas siguientes, como es el caso del convento franciscano de San Zoilo, el hospital de San Juan de Dios y el monasterio de agustinas recoletas bajo la advocación de Nuestra Señora de Loreto.
Justicia y delincuencia
La visión de la Antequera de principios del ochocientos quedaría incompleta sin atenderse a otro de los pilares fundamentales de la realidad local: la Justicia. Su administración corresponde en primera instancia al corregidor como justicia mayor de la
jurisdicción[43] , siempre con el asesoramiento del alcalde mayor y el concurso de una serie de instrumentos de carácter indagatorio y coercitivo. Las competencias del corregimiento llevan aparejadas la administración de justicia, que se extiende a toda la secuencia procesal desde la instrucción de la causa hasta la emisión de la sentencia, aunque con la obligatoriedad de ser elevada luego a la instancia superior –en este caso a la Real Chancillería de Granada– para la ratificación o no de la pena.
La actividad judicial en el juzgado antequerano es muy intensa durante aquellos primeros años del siglo porque se cuentan por decenas las causas incoadas, que están en curso de solución o pendientes de sustanciarse. Muchas de las sentencias del corregidor son confirmadas posteriormente por la Sala del Crimen de la Chancillería granadina, cuyos tribunales autorizan las ejecuciones de las condenas en la misma ciudad antequerana. Allí se consuman, al menos, dos penas de muerte durante esos años: Joaquín González, apodado el Tuerto y vecino de Antequera, ejecutado en garrote por muertes y robos conforme a sentencia definitiva del 21 de octubre de 1802; y Cristóbal de Montes, convicto de asesinato, ajusticiado en la horca por resolución firme del 9 de noviembre de 1803[44] .
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Es innegable el alto grado de delincuencia en las tierras antequeranas y a tenor de la cantidad de requisitorios –notificaciones circuladas por las autoridades judiciales de otras localidades– acumulados en aquel juzgado, bien puede hablarse de un auténtico universo criminal en la comarca. No cabe decir otra cosa cuando se comprueba que entre 1806 y 1809 pasan por el juzgado de Antequera las demandas de detención de ciento sesenta delincuentes en busca y captura, actuantes en solitarios o en cuadrillas y convictos o sospechosos del más completo repertorio de delitos: asesinatos, heridas, fugas, deserciones, asaltos, latrocinios, etc.[45] .
Gentes de mal vivir colman de peligro e inseguridad aquellos campos y entre los muchos malhechores que por allí andan deben incluirse a los cuatro sujetos, asociados en cuadrilla, que en abril de 1806 son reclamados por salteadores de camino[46] ; los dos facinerosos, llamados Antonio López y Andrés Escalera, requeridos en septiembre del mismo año por la justicia de Estepa como autores del robo y asesinato de un hortelano[47] ; y los siete delincuentes capitaneados por un tal Juan Pérez, alias Malos pelos, que habían perpetrado en abril de 1809 un sonado robo cerca de Archidona a viajeros tan insignes como el general Valentín Belvís de Moncada Pizarro, conde de Villariezo y capitán general del Reino de Granada, el brigadier Fernando Gómez de Butrón y el magistrado Vicente Cano Manuel[48] .
Cabe decir, por último, que la inseguridad que secularmente padecen las tierras de Antequera se agrava en 1808 con la ruptura definitiva del Antiguo Régimen y la Justicia, embotada por la crisis, no alcanza a controlar la delincuencia –lacra